Talento en movimiento

Un Blog desde el que articular en la industria cultural la nueva realidad de la Propiedad Intelectual como un Derecho global y convergente entre la creación, la investigación, los medios de comunicación, las marcas y patentes vinculadas con los bienes inmateriales y las tecnologías de la información.

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03 julio , 2013 | 19 : 03

Condena a una página de enlaces

Cuando desde el gobierno de la Nación se tramita el borrador de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, y las industrias culturales confían en que dichas reformas legales permitan a los titulares defender sus derechos de propiedad intelectual de forma más eficaz, el Juzgado de lo Penal nº 3 de Valencia, considera en una Sentencia que acaba de hacer pública  que la actividad de enlazar constituye un acto de Comunicación Pública aun cuando la página en cuestión no aloje los contenidos y por el simple hecho de enlazar.  y así el Juzgado de lo Penal nº 3 de Valencia, acaba de condenar a J. G., como responsable de un delito contra la propiedad intelectual a 1 año, siete meses y 15 días de Prisión; 21 meses de multa; responsabilidad civil y costas, incluidas las de las Acusaciones particulares.

La Sentencia considera probado que J.G era el responsable de tres páginas web de enlaces: Divxonline.info; seriesonline.es y estrenosonline.es que pusieron a disposición de los usuarios de Internet contenidos multimedia y películas sin autorización de los titulares considerando tal actividad como comunicación pública.

Esta decisión viene a confirmar la tendencia apuntada ya por los tribunales de Madrid, Álava, Murcia, Alicante, Palma de Mallorca y, especialmente, por la Audiencia Provincial de Vizcaya de 27 de septiembre de 2011 (asunto FENIXP2P), cuyos argumentos son reflejados textualmente en la decisión del Juzgado de Valencia.

Existe una gran expectativa por conocer cuál sea el pronunciamiento de los tribunales con respecto a las páginas de enlaces y está cada vez más claro tanto en España como en otros países europeos (Sentencias en Alemania, Francia, Grecia o Reino Unido) que tal actividad es un acto de puesta a disposición que no puede realizarse sin autorización de los titulares.

En la práctica totalidad de las decisiones judiciales condenatorias se ha considerado que el responsable de una página web debe conocer la legalidad de los contenidos que enlaza, especialmente cuando lo hace con un claro ánimo de lucro que en el caso citado venía proporcionado por los ingresos que por publicidad obtenía el responsable de las páginas. En este sentido resultan también contundentes los argumentos que evidencian que el interés de los usuarios por visitar una página está directamente relacionado con la calidad de los contenidos que ofrece y que cuanto mayor es el número de visitas, mayores son los ingresos por publicidad.

El análisis detallado del funcionamiento de las páginas de enlace que realizan los tribunales ha permitido entender mejor las razones para el reproche penal:

Las páginas de descarga de obras intelectuales – películas, música, libros y videojuegos – se crean con el objeto de favorecer el acceso del público a este tipo de obras de forma gratuita ya que no pagan nada por los derechos correspondientes:

  • Facilitan al usuario la obtención de obras intelectuales de forma rápida y cómoda sin los problemas o dificultades que pueden suponer para el inexperto el uso de una herramienta informática
  • El internauta accede a la página web donde, mediante un solo “clic” en una línea o una foto del producto deseado, consigue el título que busca: igual que el que desea un libro, CD musical, película o videojuego va a una tienda, lo pide en el mostrador y se lo despachan, sin que se pregunte cómo lo ha conseguido el dependiente.
  • Estas páginas obtienen beneficios económicos por la publicidad que insertan: cuanto más atractivas sean sus ofertas mayores serán sus ingresos.

El titular de las páginas siempre aduce desconocimiento de las obras que se ponen a disposición (son los usuarios quienes las “suben”) pero es fácilmente refutable esa afirmación:

  • Las obras están siempre ordenadas por categorías: películas, series, videojuegos, música etc.
  • La presentación de las obras es siempre de una misma manera e igual para todas las obras: fotografía del cartel, ficha técnica y artística, breve sinopsis, etc. Desde luego, nunca hay normas o instrucciones para que los usuarios “suban” las obras de la misma forma.
  • A menudo, bien en la ficha de la obra, bien en el proceso de descarga, se observa el nombre o el “nick” del titular de la página de descargas. En más de una ocasión, los tribunales han considerado que quien administra la página es también quien consigue las obras "matrices", habiendo grabado, por ejemplo, la película en una sala de cine.

Y todo ello con una intención nada altruista: Ganar dinero a través de la publicidad, mediante cuentas "premium" o vendiendo los datos de quienes acceden a la página.

La actividad que realizan las “Páginas de Descargas” mediante las cuales el usuario que accede a las mismas obtiene una obra intelectual utilizando los sistemas de enlaces que estas “webs” procuran, supone la puesta a disposición de las mencionadas obras. Así, lo define el art. 20.2. de la Ley de Propiedad Intelectual, que clasifica entre los actos de Comunicación Pública:

i) La Puesta a disposición del público de obras, por procedimientos alámbricos o inalámbricos, de tal forma que cualquier persona pueda acceder a ellas desde el lugar y en el momento que elija.

La legislación protectora de la propiedad intelectual en España procede de la reforma de noviembre de 1987 que creó los artículos 534 bis a) y siguientes (Hoy 270 y siguientes) y aprobó la nueva Ley de Propiedad intelectual. Estas normas han sufrido pequeños ajustes para adaptarlas a las Directivas europeas de 2000, 2001 y 2004 y parece evidente que necesitan una profunda revisión con el fin de ajustarse a los tremendos avances que las tecnologías de la información y de la comunicación han traído en los últimos años. Resulta enormemente complejo enjuiciar comportamientos en Internet con herramientas que no tuvieron en cuenta tal realidad cuando fueron creadas, simplemente porque no existía. Los Tribunales de Justicia deben interpretar las leyes y lo hacen con este hándicap y no cuentan por la propia definición con una única Sala que pueda fijar criterio y unificar la jurisprudencia, todo ello sumado a la complejidad para comprender una realidad enormemente cambiante sujeta a avances tecnológicos que sólo los expertos manejan con facilidad.

 

Además de ello, sigue siendo necesaria una labor de concienciación e información sobre los beneficios que la protección de la propiedad intelectual proporciona a la sociedad en términos de generación de riqueza y empleo. El compromiso del gobierno actual con la defensa de la propiedad intelectual es claro y una de las primeras medidas adoptadas fue la de aprobar el Reglamento de la citada Ley y poner en marcha la Comisión. Tras un año de escasos resultados, se plantea una reforma parcial de la legislación de propiedad intelectual para mejorarlos, una revisión en el ámbito civil y otra de los artículos 270 y 271 del Código Penal, todo ello con el fin de proporcionar a los titulares herramientas legales que permitan  defender sus intereses frente a la explotación de sus obras por terceros que aprovechando la confusión mencionada utilizan los recovecos legales para hacer suculentos negocios a costa del esfuerzo de las industrias culturales. Éstos son los únicos que deben temer las novedades legislativas.

Los tribunales se han dado cuenta del desequilibrio existente y empiezan a facilitar las claves que deben iluminar las reformas legislativas citadas. La convivencia entre la libertad de Internet y los derechos de quienes hacen posible la industria cultural es perfectamente posible y justa.

La revisión de los artículos 270 y 271 del Código Penal que protegen la propiedad intelectual frente a las infracciones más graves, es una vieja reivindicación en la que sobre todo, resultaba necesario definir si la actividad de las páginas de enlaces era o no merecedora del reproche penal. La propuesta que circula en algunos medios deja claro que sí y avanza notablemente en algunos aspectos que hasta ahora han sido objeto de polémica y que volverán a inundar diversos medios de comunicación de debates encendidos y casi siempre infundados. Por ello considero esenciales las explicaciones y la sensibilización. No es fácil definir en un texto legal cuáles son las conductas a contemplar y menos aún cuando se hace para prohibirlas y sancionar su realización. En el caso del enlace en Internet, menos aún pues el enlace es parte fundamental de la informática y de las comunicaciones. Sin embargo, el texto (provisional y sin confirmación alguna) parece limitar con acierto las conductas censurables dejando fuera del tipo penal aquellas que nada tienen que ver con la realizada por quienes cámara en mano graban las películas en los cines y las cuelgan en Internet para enlazarlas desde sus páginas financiadas con publicidad.

Resulta, por último, interesante también la reforma en cuanto al uso o destino de los medios o dispositivos para eludir las medidas "antipiratería", mejorando la definición "específicamente destinado" que hasta el momento ha venido causando una tremenda divergencia entre las distintas decisiones judiciales y sustituyéndola por un concepto más claro y coincidente con la Directiva europea: "principalmente concebido, producido, adaptado o realizado para facilitar la supresión no autorizada o la neutralización..." y que ha sido así interpretado en una reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz condenando a los responsables de un establecimiento por la instalación de "chips" y otros dispositivos en las consolas de videojuegos a fin de que puedan utilizarse en las mismas, los juegos "piratas".

A la espera de que todos estos proyectos se hagan realidad, las industrias de la música, el cine, los videojuegos y el libro siguen ofreciendo resultados negativos de sus mercados tradicionales y apenas hay señales positivas del desarrollo de los nuevos modelos de negocio que en otros países vienen ofreciendo ya datos muy interesantes.

El futuro de la Sociedad de la Información pasa, inexorablemente, por lograr equilibrar todos los derechos que están en juego. Las inversiones de las industrias culturales para acrecentar la oferta legal de contenidos se verán recompensadas creando riqueza y empleo, sólo si existe una verdadera protección de sus derechos.

Si así se hace, los ciudadanos podrán por fin, acceder a contenidos con la calidad y la garantía que sólo los titulares y sus cesionarios pueden ofrecer frente a quienes sin generar nada nuevo, proporcionan un producto copiado parasitando el esfuerzo de los creadores.

 

Madrid, julio 2013.

José Manuel Tourné

Abogado. Director General de la Federación para  la protección de la propiedad intelectual (FAP). Presidente de la Unión Videográfica Española


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