Cuando los bancos pagan a los desahuciados
La burbuja inmobiliaria en Estados Unidos y su inevitable estallido se parece en parte al caso español: tipos de interés por los suelos que alimentaban la endiablada espiral del crédito, políticas de medición de riesgos, llamémoslas alegres, por parte de las entidades financieras; o reguladores encomendados a la “racionalidad del mercado” como único antídoto al calentamiento del precio de un activo, el ladrillo, que hasta el 2007 parecía no tener techo.
Pero también hay episodios genuinamente yanquis. En España no caló el invento de titulizar, trocear, empaquetar y vender deudas hipotecarias. Aquella pócima mágica de ingeniería financiera por la cual una hipoteca de alto riesgo (subprime) se convertía en un excelente bono AAA avalado por prestigiosas agencias de calificación. O la paradójica diferencia al considerar la responsabilidad
del hipotecado ante su deuda. Aquí, es ilimitada. Es decir, aunque entregue la casa, si ésta no es suficiente para saldar la deuda, responde con su patrimonio. En Estados Unidos, la garantía hipotecaria se agota en el activo hipotecado.
Más de 4 millones de propietarios han sido expulsados de sus casas al otro lado del Atlántico en los últimos cinco años por no poder pagar. En España ha habido una media de 140 desahucios al día durante el tercer trimestre del 2012 y un subida del 100% en el acumulado desde 2008: Más 200.000 desalojos desde el comienzo del pinchazo.
Y otra gran diferencia: la justica estadounidense (autoridades reguladoras y/o tribunales) está exigiendo responsabilidades a sus bancos. El año pasado se cerró con multas y acuerdos extrajudiciales multimillonarios pagados por las entidades. Parte de los procedimientos corresponden a fraudes entre inversores mayoristas del calamitoso mercado de las subprime. Pero las reclamaciones también han bajado a la arena de los contratos hipotecarios con particulares.
Según una información del New York Times, un grupo de 14 bancos están a un paso de acceder a pagar 10.000 millones de dólares como castigo por prácticas irregulares en las ejecuciones hipotecarias. En concreto, por contratación fraudulenta y clausulas abusivas que terminaron con el hipotecado expulsado de su casa. Más de un tercio del total de la multa, 3.7000 millones, irá
directamente para los desahuciados afectados. Además de exigir a los bancos una reducción del principal y los intereses del préstamo para aquellos que aún conservan la casa.
Este nuevo acuerdo sigue la estela del ya alcanzado por cinco de los mayores bancos estadounidenses hace ahora un año. Bank of America, Wells Fargo, JPMorgan Chase, Citigroup y Ally Financial pagaron 25.000 millones de dólares para cerrar una demanda del Gobierno federal por prácticas abusivas en la concesión de préstamos y ejecuciones hipotecarias. En este caso, solo 1.500 millones fueron directamente a parar a los afectados.
Un post de David M. Pérez, puedes encontrarme en @dmarcialperez
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