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Una segunda vuelta de elecciones presidenciales se llevará a cabo este 2 de abril. Se enfrentarán dos partidos naturalmente opositores que disputarán entre el continuismo correista o la renovación hacia una vertiente más derechista.

Lenin Moreno es el candidato escogido por el partido de Rafael Correa, Alianza País. Por otro lado, Guillermo Lasso, de la alianza derechista CREO-SUMA, es el ex banquero que representa a la oposición. En los primeros comicios, con casi la totalidad de los votos escrutados, Moreno obtuvo 39,3 % de los mismos; mientras que Lasso captó 28,1 %. Para entender la decisión de una segunda vuelta se deben explicar las normas electorales en Ecuador: se necesita 40 % de los votos y 10 puntos de ventaja frente al siguiente candidato para llegar a la presidencia en la primera vuelta, cosa que Moreno no logró.

La oposición mostró su apoyo frente a la candidatura de Lasso ante la desventaja de haber presentado siete alternativas al continuismo. El largo tiempo tomado por el órgano rector de las elecciones para el escrutinio de los votos le dio a Guillermo Lasso la oportunidad de ganar apoyo entre las filas opositoras. Quienes exhortaron a sus electores a virar su voto a Lasso fueron Cynthia Viteri, del Partido Social Cristiano-Madera de Guerrero (derechista), que había llegado al tercer puesto con el 16,31 %. Otro candidato que terminó de determinar el rumbo de la oposición fue Abdalá Bucaram, con el quinto lugar en las votaciones (4,82 %) quien apretó la mano extendida por Lasso. Así afianzó el candidato su discurso en el cual afirma que un 60 % de la población rechaza el continuismo.

¿Qué le ha sucedido a Alianza País y a sus diez años en el poder?

Esta campaña electoral ha sido especialmente perjudicial para el correismo. Una serie de eventos han socavado la imagen del partido Alianza País y su apoyo popular. A pesar del apoyo popular que poseía Moreno cuando se inscribió como candidato en 2013 (95 %), gracias a su gestión social denominada Revolución Ciudadana; su imagen se vio mermada con el descubrimiento de múltiples casos de corrupción en los que el partido estaba implicado. En este sentido, el escándalo de la constructora Norberto Odebrecht alcanzó a funcionarios ecuatorianos por sumas de 33 millones de dólares entre 2006 y 2007.

Asimismo, los Panama Papers revelaron las desviaciones de dinero y sobornos en el proyecto Rehabilitación de la Refinería de Esmeraldas. En este escándalo en particular, estaba implicado el ex ministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yannuzelli, quien es actualmente prófugo de la justicia. Pareja era uno de los hombres de mayor confianza y cercanía de Correa, lo que causó gran desgaste dentro de las filas y una enorme pérdida de credibilidad. El ex ministro, mejor conocido como CAPAYA (nombre de la empresa ficticia creada en Panamá) reapareció a través de emisiones por YouTube, denominadas “Capayaleaks” para afirmar la implicación de Correa y de Glas (vicepresidente de Ecuador) en el caso de la Refinería, estas imágenes tuvieron un gran impacto en la campaña electoral dirigida por Correa y Moreno.

¿Cuáles son los escenarios para Ecuador?

Sea cual sea el resultado, se debe tomar en cuenta que el nuevo presidente deberá convivir con una Asamblea, en su mayoría, dominada por Alianza País, por ser el partido más votado en las elecciones parlamentarias. Por ende, seguirá controlando monopólicamente el Parlamento, que dará ventaja a un Lenin Moreno vencedor, y bloquearán sistemáticamente las estrategias si Lasso resulta elegido presidente. Este bloqueo incesante podría, incluso, conducir a nuevas elecciones presidenciales antes del fin del periodo.

Estas visiones contrapuestas, tanto de la economía como de la política, son las que marcarán el futuro de la estabilidad de Ecuador. Por un lado, Alianza País, con una visión gubernamental de planificación y acciones económicas con iniciativas estatales. Además, una alta inversión pública, lo que implica gran gasto. Es una idea económica donde el sector privado no es privilegiado tampoco así, la diversificación de fuentes de financiamiento. Este modelo, altamente dependiente del petróleo se desplomó con la caída de los precios internacionales y alcanzó su miseria. Por el otro, el partido CREO-SUMA da prioridad al sector empresarial, y basa su economía en la inversión privada nacional e internacional. Se busca acabar con la estructura tributaria y el aparato estatal. En definitiva, volver al modelo previo a Rafael Correa.

Ecuador definirá su destino este 2 de abril: decidirán por la continuidad o por la renovación.

 

Alejandra Rivas Mantilla,

Directora General en LLORENTE & CUENCA Ecuador

26 junio, 2015 | 12:35

Desde hace algún tiempo uno de los sectores que mayor credibilidad ha perdido dentro de la sociedad es la banca. La reputación de las instituciones financieras atraviesa por un momento bastante complicado: su imagen pública está tremendamente dañada.

El presidente de la Autoridad Bancaria Europea, Andrea Enria, afirmaba en enero de este mismo año: “Antes se veía a la banca como el cerebro inteligente del sistema que transformaba el ahorro en créditos productivos. Hoy parece que perjudica a la economía y este problema de reputación afecta a su estabilidad”.

Y parece que tiene razón. La crisis reputacional de los bancos ha hecho que la ciudadanía se aleje del sistema bancario creando un abismo entre ambos.

El impacto en la sociedad de los escándalos que desde hace tiempo azotan a diferentes bancos, está haciendo que la ciudadanía se exprese, principalmente a través de redes sociales. Esto hace que la imagen negativa de los bancos se incremente dentro de la población.

Llegados a este punto, los bancos deberían cuestionarse qué pueden hacer para mejorar la reputación del sector sin cambiar las leyes.  Los ciudadanos demandan transparencia: transparencia en sus métodos de gestión, transparencia en su comunicación y sobre todo transparencia en su forma de relacionamiento con los usuarios. 

De nada sirven las campañas y estrategias que tienen como fin mejorar la imagen de los bancos si estos no cambian su forma de actuar para con la ciudadanía; todos estos esfuerzos resultarán en vano si no trabajan de manera conjunta con los usuarios, haciéndoles partícipes del proceso de transformación que los bancos deberían asumir.

Las redes sociales y las conversaciones que se llevan a cabo en las mismas tienen hoy más relevancia y credibilidad que los clásicos portales de noticias financieros. Es imposible controlar las opiniones y lo rápido que estas se divulgan en internet. Lo importante, según el presidente de Itaú, Roberto Setúbal “es ser actual”. Adaptarse a los nuevos medios y hacer uso de estos  canales para establecer un diálogo con sus stakeholders.

La comunicación pone a disposición de los bancos las herramientas para dialogar directamente con sus grupos de interés.

Una de las pruebas de la relación entre la reputación de los bancos y la opinión pública podría ser cuando trascendió que la presidenta brasileña Dilma Rouseff hubiera contactado con el presidente de Bradesco para que se convirtiera en Ministro de Hacienda. Una decisión aparentemente lógica si se tiene en cuenta la experiencia que respalda a este tipo de perfiles. Sin embargo y a consecuencia de la mala reputación de los bancos, las redes sociales se hicieron eco y criticaron esta elección.

Si los bancos, que dependen de la confianza de sus usuarios, quieren sobrevivir es necesario que lleven a cabo una reforma del sistema en cuanto a la gestión de su reputación. Se acabó, por tanto, la era del hermetismo y de la opacidad.

 

Juan Carlos Gozzer

Director General en LLORENTE & CUENCA Brasil

19 junio, 2015 | 14:59

En el Perú existen diferentes autoridades nacionales que velan porque exista una regulación de la industria de la alimentación que beneficie a los consumidores y que proteja la salud de los mismos. La labor de estas instituciones queda recogida en la Ley de Inocuidad de los Alimentos, base sobre la que se rigen los organismo, en este caso tres, encargados de garantizar que los alimentos que la población ingiera sean aptos para el consumo humano, proteger a los consumidores de las enfermedades que puedan ser provocadas por algunos alimentos y realizar programas de comunicación que acerquen los aspectos de inocuidad al sector alimentario y a los consumidores.

En relación a este último punto, en Perú existe todavía un componente de falta de información o un exceso de información errónea que sigue condicionando los hábitos de alimentación de sus habitantes. El principal problema que se plantea aquí es que el aspecto informativo, de educación y de comunicación no tiene un papel definido dentro de los planes de control desde el Estado.

Sin embargo, se están llevando a cabos medidas que pretenden fomentar la educación sobre una alimentación saludable desde los medios de comunicación. Campañas informativas, como parte de las políticas públicas,  que fomenten la educación nutricional y el fomento de la actividad física. El órgano encargado de supervisar que estas políticas públicas es El Observatorio de Nutrición y de Estudio del Sobrepeso y de Obesidad (ONESO).

Como piedra angular de este proyecto del estado peruano se encuentra la conciencia social. Es necesario que la población entienda, sepa y pueda analizar qué alimentos son perjudiciales y cuáles beneficiosos para su salud. Evidentemente, esto se debe hacer desde la educación, no solamente en los recintos escolares, donde ya se están llevando a cabo reformas como los “quioscos saludables”, un establecimiento que promueve el consumo de alimentos saludables, sino también hay que aliarse con las familias y hacerlas  “cómplices”  con el fin de que transmitan los mismos mensajes.

La comunicación es una herramienta en este sentido indispensable puesta al servicio de los organismos que velan por la seguridad alimentaria de la población peruana, ya que a través de la misma pueden, no solamente transmitir información, sino hacer partícipes a los ciudadanos de este modelo de vida que deberían seguir y por tanto, llegará el punto en el que estos mismos ciudadanos se conviertan en prescriptores de estos proyectos.

Y como hablamos de comunicación como instrumento con el que llegar a la ciudadanía, se debería hablar de la restricción que se pretende establecer en la publicidad. Muchos son los expertos que afirman que la publicidad positiva sobre “comida basura” incita a su consumo y tiene una incidencia en los hábitos alimenticios, es por ello que las reformas abordadas pretenden asimismo poder llegar a regularla, pretensión que es muy complicada debido al círculo que existe entre los intereses publicitarios, de compañías y de medios de comunicación.

Lo que sí está claro es la necesidad de construir hábitos de vida saludable, no solamente para la población peruana, sino para la población de todo el mundo y en este sentido el estado juega un papel fundamental.  

 

Cayentana Aljovín

Gerente General en LLORENTE & CUENCA Perú  

 

 

 

12 junio, 2015 | 14:18

El desarrollo de las relaciones entre México y Brasil pasa indudablemente por profundizar el acuerdo bilateral entre los dos países, que además representan las mayores y más importantes economías dentro de América Latina.

El refortalecimiento del vínculo entre ambos países podría beneficiar a América Latina como región, dotándola de mayor visibilidad y convirtiéndola en un destino más atractivo para posible inversión extranjera.

Ante el momento crítico que está viviendo la región –el Banco Mundial ha reducido las expectativas de crecimiento de la misma al 0.4% – es fundamental que las economías de América Latina establezcan tratados o acuerdos que intensifiquen esa conexión e impulsen las relaciones comerciales entre los diferentes países con el fin de afianzar su rol de competidores en el mercado internacional.

Brasil es actualmente el principal socio comercial de México en América Latina, siendo la industria automotriz la primera entre los intercambios comerciales de estos países. Sin embargo, este sector no es el único; se espera que crezcan las colaboraciones entre Brasil y México en materia turística y energética.

En relación con esto último, la eliminación de visas entre ambos países ha contribuido indudablemente a que exista un mayor flujo de turistas, fortaleciendo de esta manera el turismo entre los países y contribuyendo a alzar el sector turístico entre países de la región. Sobre todo, se ha visto incrementado el porcentaje de turistas brasileños que viajan a México. Este aumento del turismo ha contribuido asimismo a incrementar las inversiones de las compañías aéreas en ambos países.

En cuanto al sector energético, vital para ambos países, las reformas llevadas a cabo pretenden conseguir un mayor dinamismo para la industria. Este es un sector con especial interés para ambos países ya que posibles acuerdos podrían hacer que estos se beneficiasen de las relaciones mutuas con otros socios comerciales. Para Brasil, tratados en este sentido podrían traducirse en una apertura al mercado norteamericano y para México podría suponer una mayor colaboración con los BRICS.

No queda duda de que la evolución de estas relaciones depende en gran medida de las oportunidades de inversión que se presenten en ambos mercados, así como del esfuerzo, tanto de entidades privadas como de organismos públicos de fomentar nuevos acuerdos.

 

Juan Rivera

 Socio y Director General en LLORENTE & CUENCA México

05 junio, 2015 | 15:58

La necesidad de acelerar la ejecución de la inversión pública en Perú es un hecho más que relevante. Sin embargo, ¿cuáles son los obstáculos que la frenan? No podemos afrontar un problema sin antes definir el origen del mismo.

Así, según cifras de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), entre el 2005 y el 2013 se comprometió inversión por más de 15 mil millones de dólares, de la cual poco más del 50% ha sido ejecutada a la fecha, ¿qué está ocurriendo?

En realidad, son muchos, y variados, los frentes abiertos que encuentran estas inversiones y que atrasan el inicio de la ejecución de las mismas.

Por un lado, existen defectuosos diseños de los contratos de concesión. Las definiciones de los mismos son un problema que se presenta frecuentemente fruto de las diversas interpretaciones de los térmi­nos que integran el contrato.  En consecuencia, muchas veces los plazos y las garantías se ven afectados por la demora en las expropia­ciones de los predios donde se construirán las vías, por lo que se debe modificar los plazos y, en consecuencia, las garantías de ejecución. En este sentido, por ejemplo, no existen meca­nismos para asegurar que el concedente entregue oportuna­mente los predios.

Asimismo, encontramos una gran informalidad en la titulari­dad de los Predios, Expro­piaciones e Interferencias. Son habituales los casos de contratos adjudicados hace años que presentan retrasos por este problema, sin embargo, si se requieren mejores resultados, es necesario enfrentar esta tarea de otro modo, desde el inicio, desde la etapa de diseño de contratos.

En este sentido, algunos especialistas y reguladores como OSI­TRAN (Organismo Supervisor de la Inversión en Transporte) sugieren que ProInversión de­bería contar con una unidad especial que identificase, planease, ges­tionase y estructurase la tarea del Estado en esta materia, con el fin de que, una vez firmados los contratos, existan unidades es­pejo en los sectores que puedan tomar la continuar –y no empezar desde cero– la tarea durante el desarrollo del proyecto.

Por otro lado, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en sus más recientes paquetes de medidas para reactivar la economía del Perú, propuso una reforma que integrase una serie de permisos que venían de fuera del EIA consolidando el proceso de aprobación del EIA. En la actualidad, si una empre­sa solicita un EIA, tiene que sacar una serie de permisos, tales como recursos hídricos, forestales y éstos se realizan en secuencia -no en paralelo- lo que retrasa enormemente la obtención del EIA y, por tanto, la ejecución de la inversión minera o extractiva en gene­ral. Ahora, con este paquete de reformas, se propone sintetizar dichos trámites, para agruparlos en una licencia ambiental total

Por supuesto, tampoco podemos olvidarnos de los permisos en los gobiernos regionales, estudios y opiniones –vinculantes o no vinculantes– de diversos organismos estatales nacionales y sub-nacionales que o muchas veces se manifiestan fuera de tiempo, o no se pro­nuncian, u opinan fuera de sus competencias.

En definitiva, es necesario, relevante y fundamental desanudar este problema – y otros vinculados–especialmente en este mo­mento, puesto que en ningún otro período se han adjudicado tantos proyectos como en el actual. Por el momento, parece que el problema que se esconde detrás de los demás, es que la economía de Perú ha crecido a un ritmo tan elevado que el marco regulatorio y procesos burocráticos no le han sabido seguir el ritmo. Quizás, deberíamos empezar por ahí. 

Luisa García

Socia y CEO Región Andina en LLORENTE & CUENCA

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