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« abril 2015 | Inicio | junio 2015 »

29 mayo, 2015 | 13:59

La Organización de las Naciones Unidas prevé que los efectos de los fenómenos de emergencia y desastres se cobrarán la vida de 100 mil personas cada año hasta 2050. En relación con esto es de especial interés el caso de la República Dominicana que ha sufrido alrededor de un fenómeno natural de estas características cada dos años en los últimos 140 años.

Esta isla caribeña es, actualmente, un motor en desarrollo, con infraestructuras sólidas y un nivel de crecimiento del 6,5% en abril de este año. Sería, por tanto, necesario utilizar este contexto para promover estrategias que salven víctimas mortales y reduzcan los daños materiales en el escenario de posibles fenómenos naturales.

En el entorno en el que vivimos, la comunicación, en todas sus versiones y canales, forma parte directa de nuestras vidas, sería, por ello, necesario preguntarse qué puede hacer esta para contribuir a que se puedan gestionar de mejor manera los riesgos naturales a los que se puede enfrentar una población, la de República Dominicana en este caso.

En su vertiente tradicional, está claro que puede ser un canal informativo, con las barreras formales que tiene, tratándose de una comunicación unidireccional sin participación directa de la población. Sin embargo, en su vertiente digital u online, la comunicación puede verse como una plataforma en la que la población pueda intercambiar información e impresiones entre ellos, y por lo tanto fomentar que los mensajes de prevención sean transmitidos de forma más directa imprimiendo dinamismo a las conversaciones y movilizando a sus participantes.

En un país con más de 3 millones de cuentas en Facebook y más de un millón en Twitter parece lógico que las redes sociales puedan actuar ya no solamente cono transmisoras de información y mensajes sino también como plataforma de coordinación entre las instituciones y organizaciones responsables y la población. La mayor característica que se destaca de estas redes sociales son su rapidez e inmediatez, así como la posibilidad que ofrecen de comunicarse con otros usuarios a lo largo y ancho de todo el mundo.

La República Dominicana podría tomar como ejemplo el caso de México. En 2011 el entonces presidente mexicano Felipe Calderón tras dar la alerta de la amenaza del huracán Karl vía Twitter, estableció una línea de actuación en la que todos los organismos de coordinación de alertas tendrían que informar a la población a través de los medios de comunicación, haciendo especial énfasis en alertas por medio de Twitter.

Más allá de la concepción que se tiene de las redes sociales como vehículo socializador entre individuos o comunidades, es necesario hacer hincapié en su utilidad a parte del uso tradicional que se le pueda dar. Lo anteriormente dicho evidencia la contribución de la comunicación digital a las estrategias nacionales de seguridad y gestión de riesgo.

 

Alejandra Pellerano

Directora General en LLORENTE & CUENCA República Dominicana

 

 

20 mayo, 2015 | 11:39

El estado de la justicia en América Latina preocupa tanto a expertos como a la población local que la ven con cierta reticencia y desconfianza.

América Latina es una región heterogénea y en muchas ocasiones las características de un país no pueden extrapolarse a otros; sin embargo, hay una percepción generalizada que expone la ausencia de un sistema judicial sólido, siendo esto un hándicap para el desarrollo de la región.

Nunca se ha puesto tan de manifiesto como se hace hoy en día la relación entre la justicia y el desarrollo. Quizás sea por esa imperante necesidad de demostrar que la justicia no ha perdido su rol protagonista como parte del conglomerado de poderes que deberían regir un estado democrático, y por lo tanto, influir en el desarrollo del mismo.

No se trata de afirmar categóricamente que el desarrollo depende únicamente de la justicia y que un sistema de justicia débil estaría abocando al estado al fracaso. Se trata de resaltar que existe un vínculo entre el desarrollo y la justicia, al igual que lo existe entre la economía y el desarrollo o, incluso, entre la justicia y la economía. Son estructuras que están entrelazadas.

Dicho esto, es evidente que la mejora en el funcionamiento de la justicia puede tener consecuencias directas en cómo evoluciona el desarrollo de un país. Si el estado es capaz de garantizar que se cumplen los derechos individuales de los que lo conforman, eso derechos que son parte del índice de desarrollo de un país, el sistema judicial podrá contribuir directamente a la evolución social de la nación. Como refuerzo a esa idea de que el desarrollo puede estar condicionado por la justicia se puede añadir que si un estado está preparado para apoyar la justicia en unos pilares fuertes e inamovibles, incorruptibles en este caso, podrá garantizar que los sustentos económicos y sociales tampoco se debiliten.

Como evidencia de lo anterior se pueden nombrar los casos de Chile, Costa Rica y Uruguay, países con un fuerte crecimiento económico e indicadores de desarrollo, que a su vez se presentan por delante de otros países de la región en temas de libertades civiles, calidad de vida democrática, instituciones, sistemas legales y judiciales.

Estos países son los que mejor consideración tienen por parte de agencias internacionales como el IDD o el Banco Mundial en relación a libertades civiles, percepción de la justicia, buena gobernalidad, desarrollo democrático y calidad institucional. 

Ligado a la concepción de la justicia, Enrique Mendoza Ramírez, presidente del Poder Judicial de Perú, afirma que “no es posible medir el nivel de desarrollo de un país si no se toma en consideración la calidad del servicio de justicia”.

Y cierto es que si consideramos, como se debería hacer, que la justicia forma parte del vehículo de desarrollo de un país, no se puede esperar que una región pueda evolucionar económica y socialmente sin un sistema de justicia sólido sobre el que sustentar ese desarrollo.

 

José Antonio Llorente

Socio Fundador y Presidente de LLORENTE & CUENCA

14 mayo, 2015 | 08:33

Escándalos, casos de corrupción, mal manejo de la crisis del Caso Caval… son algunos de los detonantes del desplome de la popularidad de la presidenta Michelle Bachelet que, en los últimos meses, se ha reflejado en unas encuestas que registran un 38% de aprobación frente a un 43% de desaprobación de los chilenos. Consciente de esta situación, y decidida a revertirla, Michelle anunció la semana pasada un cambio de gabinete que, finalmente se ha llevado a cabo el pasado lunes 11 de mayo y que ha supuesto nueve modificaciones en su gabinete.

La valentía y predisposición de la presidenta a dar un nuevo aire a su gobierno queda manifiesta en la magnitud de los cambios, que podríamos calificar de drásticos, tras dejar fuera a tres miembros muy próximos a su gobierno: los ministros del Interior y jefe del gabinete, Rodrigo Peñailillo; de Hacienda (su hombre de confianza), Alberto Arenas, y el secretario general de Gobierno, Álvaro Elizalde.

El resultado es un equilibrado nuevo gabinete político, con 6 representantes del Partido de Democracia Cristiana (Ministerios de Interior, Obras Públicas, Justicia, Trabajo y Economía), 3 del Partido Socialista (Ministerios de Secretaría General del Gobierno, de Energía y de Agricultura), 6 del Partido por la Democracia ( Ministerios de Relaciones Exteriores, de Hacienda, Secretaría General de la Presidencia, Vivienda, Transporte, Educación), 2 del Partido Radical Social Demócrata (Ministerios de Defensa Nacional y de Minería), 2 del Partido Comunista (Ministerios de la Mujer y de Desarrollo Social), 1 del MAS (Ministerio del Deporte) y 1 de Izquierda ciudadana (Ministerio de Bienes Nacionales).  

Además de este equilibrio de partidos, también lo es de intereses. Esta transformación es, también, un paso de Bachelet para moderar reformas y procurar mejores canales de comunicación con sectores (especialmente empresariado), buscando un mayor diálogo y voluntad de entendimiento con el sector privado, hasta ahora bastante reticente con el gobierno. Así, de este nuevo Gabinete llama la atención la formación de los nuevos ministros, su experiencia parlamentaria y su fuerte tendencia al diálogo y a la negociación.

Muestra de ello es, por ejemplo, la llegada del nuevo ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, con una amplia experiencia profesional ligada al sector privado que se presenta como una buena carta para acerca el Gobierno al mundo privado; o de Ximena Rincón, quien fuera presidente de la Comisión del Trabajo del Senado, al Ministerio de Trabajo representando, trayendo consigo un claro expertise.

En definitiva, con esta transformación del Gabinete Presidencial se espera alcanzar una actitud de mayor acercamiento entre partidos así como entre el gobierno y el empresariado, junto con un alto grado de transparencia en los mismos, con el objetivo de responder a las demandas de la ciudadanía que reclaman una sociedad más solidaria, con más libertades, mayor justicia y una democracia más transparente.

Por el momento, se valora la actitud y valentía de la presidenta de intentar dar un nuevo aire a su gestión y recuperar la confianza ciudadana dando este paso, pero es necesario consolidarlo con una agenda ciudadana; demostrar que no un cambio cosmético sino político

 

Claudio Ramírez

Socio y Gerente General en LLORENTE & CUENCA Chile

 

06 mayo, 2015 | 11:30

Este nuevo ciclo en el que está inmerso el mundo en general y América Latina en particular exige que se lleven a cabo reformas estructurales que fomenten la productividad, innovación y competitividad de la región frente a sus contrincantes en la esfera global.

Los países latinoamericanos deben de adaptar sus economías a este nuevo escenario; ya no basta con especializarse en un único producto y exportarlo esperando que éste pueda sustentar toda la economía del país. Hablamos del caso de Chile con el cobre o el caso de Venezuela con el petróleo.

Lo mismo ocurre si se tiene en cuenta dónde van dirigidos esos productos. La mayoría de los países latinoamericanos tienen como único socio fijo receptor de sus exportaciones a Estados Unidos, que aunque poco a poco se va recuperando sigue sufriendo los estragos de la desaceleración económica; situación bastante ilustrativa en el caso de México que dirige alrededor del 78% de sus exportaciones a Estados Unidos.

Es por tanto imprescindible que América Latina sea capaz de enfocar sus mercados hacia nuevos productos y nuevos destinos, ya que esto le dotará de unas estructuras económicas más fuertes. Esta necesidad se refleja asimismo en  la caída de los precios de las commodities, sector al que está orientada la gran parte del comercio latinoamericano.

En relación a esto último, el FMI afirma que los precios elevados registrados por las commodities los últimos años no volverán a darse en los próximos años, aspecto con graves consecuencias para aquellos países latinoamericanos especializados únicamente en la exportación de los mismos.

Gran parte de las reformas que la región debe realizar están dirigidas a cambiar el modelo económico de la región, no meramente a buscar “arreglos” temporales al contexto de América Latina, sino a enfocar estas soluciones a hacer de los países latinoamericanos economías innovadoras y productivas.

Una producción de valor agregado debería ser la meta de América Latina. No basar su productividad exclusivamente en estrategias de coste-precio o en exportación, deberá invertir en I+D+I (Investigación, Desarrollo e Innovación), mejorar el sistema logístico y promover una infraestructura conveniente para poder competir en el mercado mundial. 

Enrique Morad

Presidente Consejero para el Cono Sur en LLORENTE & CUENCA

 

 

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