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« septiembre 2014 | Inicio | noviembre 2014 »

Alejandro Romero, socio y CEO Américas de LLORENTE & CUENCA

Claudio Vallejo, director Senior Latam Desk Europe en LLORENTE & CUENCA

Este 2018, es el año electoral para América Latina, ya que los principales países de la zona enfrentarán períodos de elecciones presidenciales, legislativas, regionales y municipales. Empezando con Costa Rica en febrero, El Salvador en marzo, Paraguay en abril y Colombia en mayo. Seguidas por México en julio, y finalmente, Brasil, Perú y (puede que) Venezuela en octubre.

Si bien es cierto que la realidad de cada país es diferente, la repercusión de este intenso calendario será global. Los comicios influirán sus relaciones con el resto del mundo e impactarán en el crecimiento que la región ha sostenido, de alguna manera, durante los últimos años. Este es un proceso en el cual los países en campaña representan al 80 % del PIB de la zona, por lo que este contexto alberga  riesgos y oportunidades que marcarán la hoja de ruta del continente. Desde el punto de vista socio-económico, América Latina tiene que consolidar su crecimiento económico para lograr disminuir la pobreza, el trabajo informal y el aumento de la bancarización, entre otros factores. Por lo tanto, continuar, o comenzar con las regiones será clave para consolidar la zona y sacarla de la parálisis en la que está inmersa.   

América Latina está pasando por una clara polarización de política, que no nos permite predecir los resultados. Por un lado tenemos a la llamada reacción popular, fruto del cansancio ante la corrupción y la desigualdad social de la zona. Por otro lado, tenemos a la clase media, cada vez más educada, que opta por el continuismo con reformas y ajustes, y apoya al libre mercado.

Los últimos años no han sido fáciles para el continente, en términos económicos, sociales y políticos. Por ello, las elecciones serán el resultado de los choques internos y externos generados por los retos políticos de cada país que tendrán un impacto global. Aunque, este proceso electoral está marcado por la incertidumbre, lo que sí es seguro es que la realidad de la región Latinoamericana depende, en gran parte, de quién esté al mando de los países, de sus relaciones con el resto del mundo, y de la toma de decisiones por parte de la sociedad en los próximos años.  

Resumen del estudio publicado en Desarrollando Ideas.

28 octubre, 2014 | 08:59

Los primeros 3 meses de Juan Carlos Varela como encargado de la gestión presidencial de Panamá han causado diversas opiniones. Por un lado, hay quien percibe que la administración se está llevando a cabo de forma lenta, dedicada más a planificar que a ejecutar. Y por otro lado, hay quienes consideran que tres meses no son suficientes para evaluar y sacar conclusiones acerca de la gestión de Varela como presidente.

Juan Carlos Varela, al igual que lo hacía en su campaña electoral, destaca el enfoque social que tendrá su gestión y las grandes inversiones que se realizarán en potabilización y gestión del agua en Panamá. Además, ha afirmado que continuará invirtiendo en proyectos de infraestructuras.

Asimismo, el ejecutivo ha hablado de la lucha contra la corrupción fortaleciendo las instituciones y aumentando la transparencia en la gestión gubernamental.

El Banco Mundial ya lo ha ad­vertido: Panamá cerrará el 2014 con la tasa de crecimiento más alta de la región: 7%. A pesar de ello, aún son necesarios ajustes en el presupuesto, debidos a la necesidad de controlar el gasto para ahorrar y poder compensar la existente escasez de recursos.

Por otro lado, cabe mencionar que, a pesar de todo, la capacidad de endeudamiento continúa siendo positiva y sigue la línea de los últimos años. De hecho, en 2012 la deuda supuso el 42,62% del PIB, 1,17% menos que el año anterior y lejos del 66% que suponía en 2005. En cuanto a competitividad, en el índice realizado por el Foro Económi­co Mundial, Panamá mantiene el mismo puesto, 40º.

Por otro lado, en el discurso realizado ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, Varela hizo hincapié en la necesidad del enfoque social que requiere la política. Además, también anunció su compromiso con la justicia social y su deseo por que la democracia y las instituciones sean fortalecidas.

Por lo tanto, el mandatario considera que la transformación social pasa por mejorar las con­diciones en las que viven los pa­nameños incrementando las opor­tunidades de desarrollo que se generan en su entorno. En este sentido, son varias las áreas prioritarias de la agenda social.

En primer lugar, se establece como prioridad lograr una revolución en el sistema educativo público, dotando a las escuelas de unas adecuadas instalaciones y de un profesorado capacitado para ofrecer una sólida formación a sus alumnos.

Otra área decisiva es la mejora del sistema sanitario, unificando el sistema de sanidad pública e invirtiendo en programas de salud preventiva, a lo cual se suma el saneamiento de las aguas panameñas.

Por último, la tercera arista de este “Megaproyecto” social es la seguridad. Varela se ha comprometido a hacer frente al crimen organizado y, al mismo tiempo, fortalecer los proyectos sociales para favorecer la inserción social de los menores de edad pertenecientes a bandas criminales.

En definitiva, Juan Carlos Varela ha demostrado en estos meses su capacidad para instaurar las bases de una nueva forma de liderazgo en el país y ha dejado claro que no será un confrontador. Y en los próximos meses, el pueblo panameño pondrá a prueba la eficacia y la eficiencia de la gestión presidencial del país por parte del equipo de Varela.

Javier Rosado,

Socio y Director General en LLORENTE & CUENCA Panamá 

10 octubre, 2014 | 09:49

El sector de petróleo y gas en Colombia ha de hacer frente a la autosuficiencia energética anunciada por Estados Unidos. Sin embargo, el principal reto de este sector está relacionado con la comunidad y el otorgamiento de las licencias ambientales.

Además de la puesta en marcha de la consulta previa en Colombia, la situación económica y social del país, más concretamente la del sector agrario, se han convertido en los principales motores para las comunidades a la hora de conformar movimientos sociales para manifestar una presunta falta de atención del Gobierno. Existe consenso acerca del poder que poseen las comunidades a la hora de hacer o no posible el avance de los proyectos locales.

La consulta previa es un mecanismo legítimo y necesario, que debe existir y sobre el que hay una disposición para actuar. Sin embargo, ésta va dirigida a unos públicos muy concretos, como los grupos étnicos e indígenas asentados en el área de influencia del proyecto, y no son precisamente esos públicos los que toman la vocería por parte de la comunidad.

Tanto las compañías que se prestan a desarrollar proyectos de inversión como la comunidad misma han de dar el paso para la comprensión del alcance de la consulta previa. Esto implica que además de evaluar quiénes son los interlocutores válidos, han de conocer qué tipo de actividades deben ser sometidas a consulta previa y que este instrumento es una fase para la ejecución del proyecto y no es permanente. Lo cual no implica que deba ser permanente, transparente y fluida la comunicación entre todos los actores.

Según la Asociación Minera de Canadá la identificación de comunidades de interés creció del 53% en 2006 al 95% en 2012 tras la evolución del acercamiento comunitario y aborigen.

Asimismo, los protocolos para hacer efectivos estos acercamientos por parte de las compañías han permitido que la efectividad del diálogo haya llegado al 88% en 2012. El diálogo se considera supremamente efectivo cuando los acuerdos o mecanismos formales con las comunidades se encuentran en funcionamiento para garantizar que éstas puedan participar efectivamente en asuntos e influir en las decisiones que pueden llegar a captar su interés o afectarlas.

Otra gran dificultad que se presenta a la hora de avanzar en los proyectos es el licenciamiento ambiental. Al respecto se perciben dicotomías importantes a las que el Estado no ha hecho frente: por un lado es el mismo Estado quien licita para el desarrollo de algunos proyectos y en el proceso de adjudicación solicita unas garantías por parte de los proponentes. Una vez ha adjudicado el proceso, el retraso para expedir la licencia ambiental, basado en las garantías que ya conoce y avaló en la adjudicación, tiende a tomar hasta 7 meses.

Por otro lado, la existencia de la voluntad política es necesaria para generar un país con desarrollo sostenible. Las empresas abogarían por un esquema centralizado, un solo interlocutor que pueda avalar la factibilidad y cumplimiento de los proyectos. Pero esto afecta, nuevamente, a los intereses locales que puedan tener los actores implantados en las regiones.

En este entorno la experiencia y evolución de las compañías se ha dirigido por dos caminos. El primero de ellos es la necesidad de contar tanto con la viabilidad técnica de un proyecto en una zona determinada como con el análisis de las externalidades que subyacen en esa área, teniendo en cuenta ahora no solo a las comunidades indígenas o grupos étnicos, sino también a otros grupos de influencia.

El segundo es aprender a conversar con las minorías, visibilizando el beneficio para las mayorías.

Una forma de hacer frente a la autosuficiencia energética anunciada por Estados Unidos sería diversificando mercados. Sin embargo, la incertidumbre subyace en cómo hará frente el Gobierno colombiano a la hora de avanzar en el control de la interlocución para el avance de las consultas previas y el otorgamiento de licencias ambientales de cara a asegurar la inversión extranjera que requiere el sector.

Marie Esteve,

Directora general en LLORENTE & CUENCA Colombia

03 octubre, 2014 | 11:35

El pasado 7 de agosto, en las elecciones presidenciales de Colombia, Juan Manuel Santos, fue elegido, por segunda vez, Presidente de Colombia.

Las palabras de Santos giraban en torno a la paz, la equidad y la educación, como los pilares fundamentales que caracterizarían su gobierno.

Por un lado, en lo que a paz se refiere, Santos mencionó la exigencia de sucesos reales de paz dentro del país. Por lo tanto, decidió enviar a una delegación castrense a formar parte del proceso de negociación de la Paz en la Habana.

Por otro lado, en cuanto a la equidad, Santos hizo hincapié en el aumento en el porcentaje de personas que habían salido de la pobreza, en la disminución de la tasa de desempleo, en la reducción del déficit de vivienda y en la mejora de la calidad de vida de las comunidades y poblaciones más vulnerables.

Por último, el tercer pilar era el de la educación. Santos afirmaba la necesidad de una mejora tanto en la calidad como en la cobertura de la misma. Y es que una buena parte del presupuesto fue destinado a la educación ($28,9 de $212,2 billones) en las previsiones para 2015. Las partidas a las que se dedicarán más recursos serán las de educación y seguridad. Primera vez que la cantidad destinada a la educación supera a la destinada a la defensa.

Para llevar a cabo estas acciones con éxito, Santos procedió a la definición de un gabinete de perfil técnico con 16 ministros y otros 4 cargos de nueva creación.

Las decisiones de Santos han causado distintas posiciones, aunque, en general, las expectativas de los analistas políticos y la industria nacional e internacional son positivas.

En el ámbito nacional, la designación de Santos, a pesar de haber causado alguna sorpresa, en general, las reacciones han sido positivas.

En cuanto a los sindicatos y trabajadores, las opiniones han sido más diversas.

En lo que respecta al sector educativo, uno de los sectores a los que más presupuesto se ha destinado, se muestra reservado y afirma no querer que el sistema educativo se convierta en un negocio con la única participación del sector privado.

Por otra parte, en lo que respecta al panorama internacional, Santos ha recibido un apoyo incondicional por los máximos dirigentes de distintos países.

En definitiva, Colombia ha de hacer frente a una nueva etapa llena de cambios que afrontar y retos que superar.

María Esteve,

Directora general en LLORENTE & CUENCA Colombia

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