Otra vez el contrato basura

La Confederación Empresarial ha puesto sobre la mesa otra vez el contrato basura para los jóvenes. Surge siempre que la tasa de paro juvenil supera el 30%, y a lo largo de la historia reciente se ha ocurrido a mucha gente de muy distinto signo ideológico. Siempre se ha rechazado por su carácter discriminatorio, dado que no genera ningún derecho subjetivo: ni desempleo, ni carrera de cotización ni despido. Pero la justificación para darle cuerda es siempre la misma: es mejor el paro que un contrato de esas características. Veamos.

La primera vez que el contrato temporal sin derechos y baja remuneración se puso en el escaparate laboral fue en los ochenta, en el Plan de Empleo Juvenil que elaboró el Partido Socialista y que provocó la ruptura de relaciones con la Unión General de Trabajadores, y la primera huelga general de la democracia (diciembre de 1988). Pese a que el contrato temporal puro había generado niveles de empleo razonables desde el motoño de 1984, las tasas de desempleo juvenil no descendían lo sufuciente, sobre todo en la población de escasa formación, y había que buscar un mecanismo que facilitase la inserción laboral, fuese poco costoso, y no generase cobertura de desempleo, ya que el contrato de fomento de empleo había tenido éxito, pero generaba una suerte de rotación que disparaba la factura del desempleo.

Posteriormente fue rescatado como contrato de aprendizaje en los noventa exclusivamente para procesos formativos y de prácticas, y, evidentemente no tenía todos los derechos que tienen los contratos temporales comunes. Funcionó relativamente, y tuvo cierta intensidad como puerta de entrada en las empresas para culminar los procesos formativos de los trabajadores jóvenes.

Hoy vuelve a escena de la mano de la CEOE. Pero planteado sin derechos parece ahondar aún más en la desigualdad de contratación en España, generando, de ponerse en marcha, una nueva bolsa de precariedad en un mercado que tiene distintas categorías de protección. A saber: funcionarios (con empleo eterno); trabajadores fijos con indemnización a 45 años por año; trabajadores fijos que pueden ser despedidos con 33 días por año, y con un máximo de 24 meses de despido; trabajadores fijos que pueden ser despedidos con una rescisión objetiva o económica, con 20 días de indemnización y un máximo de 12 mensualidades; tranajadores temporales sin despido; trabajadores temporales sin despido, sin cobertura de paro y sin carrera de cotización a la Seguridad Social, tal como ahora propone la CEOE; y parados.

Es un mercado laboral amoral por la estratificación de derechos que establece, y que ha sido originada por la resistencia sindical y social a reducir el coste del despido. Para mantener indemnizaciones tan proteccionistas, tan paternalistas para los fijos, hay que mantener a la intemperie a los jóvenes temporales, y, por pasiva, provocar una bolsa de desempleo de tamaño sideral. Esta situación no es sostenible. Es una inmoralidad social que encierra una ineficiencia económica de proporciones descomunales. Si la reforma laboral no arregla este asuntos, no merecerá la pena, y únicamente lo aplazará con el engaño de que se crea empleo. La gente agobiada termina aceptando contratos basura para esquivar el desasosiego del paro.