El Gobierno siempre pensó que bastaría un año de severa restricción de gasto público para devolver la virtud a las finanzas nacionales, y que ya este año podría echar mano del crecimiento recuperado para aliviar la presión sobre los administrados. Pero parece pronto para eso. Por ello, para cumplir sus ojetivos de déficit este año y el que viene tiene que hacer estructural lo que hasta ahora se ha planteado como coyuntural: quitar una paga a los funcionarios, aplanar la revalorización de las pensiones y consolidar la subida del IRPF e IBI, prevista para dos años solo.
La resistencia del déficit fiscal a reducirse con un escenario de depresión económica es brutal, porque lo que se recupera con ahorro de gasto, se pierde con caída de ingresos, amán del efecto evidente entre contracción de gasto (austeridad) y contracción de crecimiento. Eso no quiere decir que, en tal caso, los gobiernos no puedan plantearse austeridad vía reducción de gasto, puesto que debe ser su primera opción simpre para equilibrar unas cuentas, pero más en un país que mantiene bolsas de gasto público improductivo en casi todas las admnistraciones.
De ser cirertos los datos de déficit aportados por las comunidades autónomas que hasta ahora lo han hecho, la capacidad de ahorro existente era muy elevada, y parece ser que sin tanto daño para la actividad como se temía. Sigue pareciéndome que queda un generoso margen de reducción de gasto estructural en España, pues me resisto a creer que solo había adiposidad por once mil millones de euros (un 1% del PIB), que es la cantidad que el presidente Rajoy asegura que se ha reducido el gasto público.
Pero dado que este año el crecimiento será más bien pobre aún, siempre que la demanda externa siga comportándose a favor de España, no habrá que esperar milagro alguno de los ingresos, más allá de lo que supone que las subidas aplicadas en todas las figuras impositivas desde septiembre pasado (IVA, sobre todo) rastreen la economía todo el año. Sólo en 2014, si hubiere ya un crecimiento razonable, pongamos del 1,5%, habría posibilidades de encontrar una vía adicional de consolidación fiscal, aunque ya en 2014 la reducción del défitic debería llegar hasta el 4% al menos. (Aun se desconoce el nuevo ritmo de consolidación que Bruselas aplicará a España).
En tanto no haya crecimiento, solo la explotación de las subidas de impuestos realizadas hasta ahora y las que se hagan en el futuro, sobre todo para este año, deben soportar la reducción del déficit este ejercicio. Por tanto, para mantener el ritmo de reducción del desequilibrio, en el que las previsiones de la UE no cree, no queda más remedio que hacer estructurales decisiones fiscales que eran coyunturales, o al menos así las había planteado el Gobierno.
Veamos. Se trata de repetir este año la eliminación de una paga extra a los funcionarios, para evitar un rebote del gasto de más de 3.000 millones de euros, así como repetir la no actualización de las pensiones de la Seguridad Social en diciembre si hay desviación de los precios. Pero este ejercicio habría que trasladarlo hasta 2014, en el que sería imposible una reducción adicional del déficit si no fuese consolidando la subida fuerte que en el Impuesto sobre la Renta aprobó Rajoy inicialmente para 2012 y 2013, y que aportaría, en condiciones normales, unos 5.000 millones cada año.
La dificultad técnica es poca, pero la política es mucha, porque el señor Rajoy quiere hacer compatible la consecución del déficit con su promesa electoral de bajar los impuestos esta legislñatura. "A nadie se le puede exigir que cumpla su programa en un año, y cuando podamos, antes de terminar la legislatura, empezaremos a honrar la palabra dada", dijo Rajoy en su último turno del pasado debate sobre el estado de la nación. Lo veremos.
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