Los
constructores de viviendas han decidido que en estas elecciones se van a
guardar, bien guardada, la chequera. Según una comunicación oficial que hizo el
comité político de su patronal (National Association of Home Builders), este
año no van a aportar ni un centavo más a las campañas de los congresistas. Y no
lo hacen por falta de dinero sino porque están enfadados.
El
lobby dice que la razón de tan tajante decisión es que en los últimos seis
meses los miembros de la NAHB sienten que ni el Congreso ni la Administración “han
atacado el fondo de los problemas económicos que ayuden a estabilizar el sector
de la vivienda de tal manera que la economía pueda seguir siendo dinámica”. El
comunicado añade que la vivienda y las industrias que la rodean suponen el 16%
del PIB y que se necesita hacer más para evitar una recesión. Y un aviso: “esta
acción se mantendrá en efecto hasta una nueva notificación”.
La
medida de los constructores en bien llamativa. Todos los lobbies y las empresas
dan dinero a las campañas electorales dentro de los límites legales. Y de hecho,
en el último año electoral los constructores de casas fueron de los que más
dieron (más a los republicanos que a los demócratas). Así las cosas, su plante
es algo más que un tirón de orejas, puede ser un problema para algunas
campañas.
Lo que
no está tan claro es el motivo de su enfado. El Gobierno ha puesto en marcha
dos planes (bajo los sugerentes nombres de Hope Now y Lifeline) para evitar que
haya más embargos. Estos planes incluyen a la banca para que faciliten las
condiciones crediticias de quienes tienen el agua hasta el cuello. El objeto es
que no haya más familias sin casa y más viviendas vacías que depriman los precios de barrios enteros. Cierto es que tienen mucho de voluntario por parte
de las entidades crediticias pero es que no es lo único que está en marcha.
En el plan
de estímulo fiscal aprobado por el Congreso, y ratificado el día 13 por el
presidente, hay un par de provisiones que van al centro de los problemas de los
constructores. Una de ellas amplía el límite de las hipotecas que pueden ser
avaladas o compradas por las entidades semipúblicas Fannie Mae y Freddie Mac. Eso
tiene que liberar el crédito en las grandes ciudades y mover el mercado.
Y lo
que está menos claro es que los contribuyentes tengan que pagar más por un problema
que en muy buena medida ha creado el propio sector. Subidos en lo más alto de
la burbuja, los constructores han saturado el mercado con casas a precios cada
vez más imposibles y han ayudado a facilitar, o facilitado directamente, créditos surrealistas para alimentar el ansia por la propiedad que
ha barrido EE UU. Ahora tienen unos inventarios que van a deprimir el mercado
por una larga temporada y con ello a la economía. La Administración debe velar por
la buena marcha del país pero no puede pagar los platos rotos de todos los
sectores que han creado y alimentado una burbuja que es ahora una pesadilla. Y
menos en EE UU donde se “acusa” de socialista al primero que plantee una
intervención, ayuda o vigilancia, por mínima que sea. Pero claro, eso es cuando
las cosas van bien. En tiempos de crisis toca oír “y de lo mío ¿qué?”.
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