Sobre el autor

Abogado de profesión, emprendedor de vocación, economista aficionado, con el prisma de una mirada heterodoxa y el verbo mordaz como herramienta. Emiliano Garayar está especializado en la gestión de la complejidad: hoy concentrado en aportar remedios imaginativos a la sequía financiera, viene siendo un actor legal destacado en los grandes movimientos del sector energético. Es socio director en Garayar Asociados, siendo reconocida su visión innovadora de la abogacía y de la gestión de despachos.

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El ejercicio onanista por antonomasia del político español del ramo es cantar las estadísticas de Turismo al cierre de cada ejercicio: ¡hasta el cielo y más allá! Setenta y cinco millones de almas, con sus respectivos cuerpos, pisotearon un ratito la piel de toro y archipiélagos adyacentes.
No caeremos en el tan español vicio de despreciar, criticar y hasta demonizar las buenas noticias. Ya se sabe, no son noticias. Año tras año batimos récord de visitantes, y con él, aunque no va de suyo, récord de ingresos. Tan importante es -a mi juicio- el sector turístico para España que es este rubro y no otro el que nos mantuvo en pie en plena hecatombe económica bajo la égida del de la conjunción planetaria. Empleo precario, temporal y mal pagado, pero empleo, a fin de cuentas. Más de un millón y medio de ocupados, y subiendo.
Esta semana se celebra en Madrid la mayor y más importante feria turística mundial: FITUR 2017. Buen momento para medir la temperatura del sector.
Huyendo de mi proverbial dispersión me gustaría centrarme en dibujar algunos trazos de nuestra industria hotelera, sobrevolando su coyuntura para decantar algunas tendencias estructurales que a mí me parece detectar y que en ocasiones pasan desapercibidas entre tanto follaje de cifras de ocupación, ingresos y presencia internacional.
Aparentemente, los hoteleros tienen dos preocupaciones: los tíos de la colchoneta hinchable en el salón, también conocidos como AirBnB, y sus imitadores de toda suerte y condición (Home-away, couchsurfing et alii); y Montoro, por lo de la subida del tipo de IVA, que del resto mejor no hablar no vaya a ser que se dé por aludido y se marque unas paralelas (no es un ejercicio gimnástico a pesar de su nombre). Adicionalmente, en un alarde de geo-estrategia, a veces pueden hasta valorar el impacto de coyunturas políticas internacionales tipo BREXIT, pero poco rato, se les pasa en cuanto ven la evolución de las reservas y, sobre todo, del precio medio (ADR, ese acrónimo tan elocuente).
Vaya por delante que yo de hoteles no sé nada, que para eso ya está mi hermano. Pero con el atrevimiento que da la ignorancia y desde una cierta distancia con el día a día de la industria, a pesar de mis vínculos con la misma, oso afirmar que se trata de un claro ejemplo de árboles que no dejan ver el bosque.
No deseo ser agorero, ni encarnar al tipo que enciende la luz para gritar que la fiesta se acabó, pero considero que en términos generales y con contadas y honrosas excepciones, la industria hotelera española está mayoritariamente obsoleta, adolece de una preocupante falta de competitividad, se muestra particularmente reacia al cambio y la transformación digital, presenta una oferta tremendamente fragmentada, sin una clara propuesta de valor, ni posicionamiento ni diferenciación de producto. Evidentemente lo anterior no es en su mayor parte predicable de las grandes cadenas hoteleras españolas, pero estas son una escasamente representativa minoría dentro del universo hotelero. E incluso tampoco son ajenas a alguna de las debilidades apuntadas.
Y Ustedes dirán que esto es lo de Galileo … e pur si muove, y que ojalá todos los sectores productivos en España lo hicieran “tan mal” como los hoteles, visto lo visto. Pues bien, yo les diré que el turismo en España se sostiene en gran medida por el mundialmente reconocido efecto Rajoy, de moda en las mejores escuelas de negocio y estudiado en todas las cancillerías europeas, que consiste básicamente en hacerse la estatua de sal (en plan mannequin challange) esperando que el mundo se hunda en tu rededor … ¡y se hunde! ¿No me creen?
Hoy Canarias lo peta. Todo el año es primavera, es decir, temporada alta, que ni en el Corte Inglés. Han exiliado de sus playas hasta a los jubilados del IMSERSO. El archipiélago de las Afortunadas se ha erigido en el epítome del éxito turístico español. Sin embargo, no hace falta remontarse al Pleistoceno para recordar como Canarias tuvo que ser rescatada del abismo mediante la aprobación de urgencia de un Plan Canarias dotado con 25.000 millones de Euros, de los cuales 10.000 millones a invertir en el cuatrienio que seguía a su fecha de aprobación: ¡Año 2009! ¿Qué ha pasado entre entonces y ahora? Es cierto que la coyuntura económica mundial, y singularmente la europea, se encontraba entonces en sus horas más bajas, y el hundimiento del turismo se emparejó con el estallido de la madre de todas las burbujas inmobiliarias, pero la “recuperación” del mercado turístico, y con ella la de la economía canaria, no se explica sin computar como merece el efecto de la Primavera Árabe, que social y políticamente, para su desgracia y la de la humanidad, ha sido más bien invierno.
En efecto, España reina en el panorama turístico europeo por muchas razones, pero de las mismas unas cuantas de gran peso resultan absolutamente ajenas y fuera del control de nuestra industria turística. En el exterior, el desolador panorama político y social de todos nuestros vecinos mediterráneos del Sur y Este, que no solo no va a mejor, sino que incluso se complica (v.gr. Turquía); efecto éste agravado por una timorata población europea en acelerado proceso de envejecimiento que está para sopitas de marisco y buen vino. En el interior, unas infraestructuras físicas a la cabeza de cualquier país desarrollado, a las que por su juventud no ha dado aún tiempo a deteriorarse, y el modo de vida español, dicharachero e indulgente con los pecadillos capitales que proporcionan alegría al cuerpo; a los que sumar la calidad de nuestra Sanidad y a la Guardia Civil.
Y más allá de coyunturas, que no todo es empedrado, bien se puede afirmar que la distribución en la industria hotelera ha cambiado en los últimos años. Para nuestra suerte, como país y como industria, los empaquetadores de producto han ido sucumbiendo a las fuerzas de internet, lo que ha emancipado a viajeros y destruido (parcialmente) el sistema de garantías que tanto magro ha expropiado a nuestros hoteleros, quienes corriendo con la inversión y el riesgo se llevaban las migajas del pastel a mayor beneficio de los Tour Operadores que pastoreaban rebaños desde origen. Sin embargo, estos han sido sustituidos por fuerzas no menos voraces e incluso más poderosas, las OTAs (Bookings y Expedias varios), plataformas de distribución on-line de nuestra oferta que por una módica mordida de hasta el veinte por ciento de los ingresos canalizan a viajeros de toda procedencia hacia los hoteles españoles. ¿Qué margen hay que tener para resistir un mordisco del veinte por ciento de las ventas brutas por parte de un distribuidor?
¿Hay remedio? Sí claro, la venta directa. Pero para vender hay que posicionarse, diferenciarse, comercializar en origen … en fin, estrategia, trabajo e inversión. Es algo más que una página web bonita y un video 360.
A esta hora muchos hoteleros no se han percatado de que no venden “estancias”. De que un hotel es una plataforma física, y hasta virtual, de distribución de productos a unos clientes por cuya captación pagan un alto precio, y que una vez en su casa, e incluso antes de llegar a ella, abandonan a la suerte de todo tipo de comisionistas, intermediarios, y rapaces variopintos.
Hay dos palabras que deberían estar grabadas a fuego en el frontispicio de cualquier hotel, y cinceladas en la cabeza de sus gestores: UP-SELLING y CROSS-SELLING … En Ibiza ya lo han entendido, y así les va.
¡Buena semana, y buen FITUR!

 

 

31 marzo, 2016 | 13:16

El otro día leía que a mediados del siglo XIX le preguntaban a un reputado arquitecto de Nueva York cómo veía la evolución de la urbe neoyorkina a un siglo vista. Parece que respondió que tendría unos diez millones de habitantes, más de cien edificios de diez alturas, y mucha mierda de caballo en sus calles consecuencia del aumento del tráfico.

Evidentemente se equivocó en todo, lo cual no es de extrañar con previsiones a cien años vista (como dice Bill Gates, tendemos a sobreestimar los cambios a dos años y a subestimarlos a diez). La población llegó a diez millones, la ciudad se hizo vertical y parió su Manhattan Skyline, pero el excremento equino, salvo por alguna muestra simbólica en Central Park, desapareció de sus calles.

El caballo sucumbió al tío Henry y sus sucesores, pero no el cochero. Hoy en día, en España y en muchos otros lugares, se libra una pelea de “cocheros”, dicho sea, con todos los respetos. Y como Über parece que vuelve a la carga por estos lares madrileños, el gremio del taxi sigue en pie de guerra en defensa del status quo, y la Comisión Nacional de Mercados y Competencia hace sus pinitos en esto de la economía colaborativa (remando afortunadamente a la contra del Gobierno y sus dinosaurios), pues nos desayunamos todos los días con un montón de titulares sobre batallas, pleitos y cismas.

Yo, aunque tengo claro por quien tomo partido en estas guerrillas, no quiero ni pretendo adoctrinar en favor de uno u otro bando. ¿La razón? A corto plazo van a perder los dos, o los tres, o los cuatro o los que vengan, porque más pronto que tarda vamos a asistir a “la revancha del caballo”, quien se va a llevar por delante al cochero. De hecho, ya lo estamos viendo en Madrid.

El futuro del transporte urbano de viajeros no es del taxi, ni de Uber, ni Cabify, ni de quien venga. El futuro mucho más cercano de lo que nos puede parecer es el de los vehículos autónomos (por supuesto eléctricos) auto-conducidos.

Un aperitivo de la tendencia es el propio éxito de Car to Go en la almendra central de Madrid. Para quien no lo conozca: se trata de una suscripción a través de una app de móvil que te permite coger cualquier coche disponible (smart eléctrico de dos plazas) de su flota aparcado aleatoriamente en Madrid y moverte con él dentro de la M-30, dejándolo aparcado donde te convenga y puedas (sin coste, pues están exentos de la tarifa de aparcamiento regulado). Se abona su uso por tiempo a través de la app y bye bye. Hay cuatrocientas unidades y parece que la demanda pediría muchas más y con mayor rango (fuera de la M-30).

Me indicarán, con buen criterio, que en Car 2 Go el “cochero” es uno mismo. Ya, eso es un coche “auto-conducido”, pero no autónomo. Para mi está claro que se trata del preludio de lo que está por venir. Sobre todo, después de constatar la seguridad del coche autónomo de Google y el hecho de que el entorno urbano lo hace especialmente adecuado por sus cortas distancias y bajas velocidades. Ello unido a las restricciones de tráfico de particulares o profesionales que cada día se harán mayores en las tramas urbanas de las ciudades (apuesto por una cercana prohibición de los coches de combustión, primero, y de las motos después), sugiere con una muy alta probabilidad que quedarán bicicletas eléctricas, transporte colectivo eléctrico y también autónomo (el metro ya lo es), y … google-cars a demanda. Ah, y peatones, quienes podrán por fin recuperar el espacio de lo público perdido todo un siglo a manos de la máquina.

Así que sigan discutiendo sobre si son galgos o podencos, que mientras tanto vuelve el caballo para hacerle un ERE al cochero. ¿O es que también lo van a prohibir porque no está dado de alta en la seguridad social?

Emiliano Garayar
@EmilGarayar

21 marzo, 2016 | 11:32

Si hay algo que reúne el más grande consenso respecto de los beneficios allegados por la superconectividad en la era de internet y las ganancias de productividad de la revolución tecnológica es la reducción de los costes de transacción.

Va de suyo que, al abrir internet una ventana al mundo, la oferta y demanda potencial se magnifican como nunca se pudo soñar apenas hace 50 años. Además, la disponibilidad en tiempo real de la información global permite superar en gran medida los problemas de casación entre oferta y demanda fruto de asimetrías de información. Miren sino, por poner un ejemplo banal, un mercado global de oportunidad como E-Bay.

Sin embargo, y en contra de lo que la teoría económica podría sugerir, ello no ha redundado necesariamente en la desaparición de empresas verticalmente integradas. Al contrario, unicornios digitales que reinan en el olimpo de la economía digital como Amazon, en su afán por erigirse en el “suministrador del mundo”, internalizan dentro de su perímetro un número cada vez mayor de negocios que, hasta el presente, eran prestados por terceras empresas. Ahí están las noticias relativas a su ambición por asimilar toda su logística adquiriendo compañías navieras o de transporte y alquilando a largo plazo flotas de aviones de carga, por no hablar de su aparentemente onírica visión de engendrar enjambres de drones para la “última milla”.

Ronald Coase, el genial economista británico fallecido no hace tanto con 102 años, teorizó la justificación de la existencia de la empresa en tanto que entorno cerrado, mercado interno, por oposición al mercado abierto donde casan oferta y demanda. El presupuesto de su planteamiento pasaba por desbrozar la paradoja, asumiendo que el mercado libre se erige en el mecanismo óptimo de casación de oferta y demanda y de formación de precios, del ¿por qué internalizar procesos en el seno de una empresa cuando cada una de sus necesidades podría quedar óptimamente satisfecha acudiendo al libre mercado? La respuesta la halló precisamente en los “costes de transacción”, desagregables en costes de búsqueda de suministradores, costes de negociación y contratación de sus productos o servicios, y costes de supervisión y coordinación para su integración en el proceso productivo de la empresa.

La respuesta reside en que un comportamiento económicamente racional demandaría que la empresa internalizara todos los procesos hasta el punto en que su coste fuera superior a la contratación de los mismos en el mercado una vez agregados los costes de transacción. O, formulado inversamente, una empresa debería externalizar todos sus procesos hasta el límite en el que los costes de transacción de ese recurso al mercado fueran superiores a la fabricación de ese producto o la prestación de ese servicio internamente. No obstante, es evidente que existen otro tipo de argumentos menos economicistas que pueden justificar la internalización de procesos a pesar de su aparente mayor coste en los que no nos vamos a detener.

Pues bien, sumada la premisa de la reducción de costes de transacción aportada por la era internet y la digitalización al paradigma de Coase, deberíamos estar asistiendo a un proceso masivo de desintegración vertical de empresas. Y, de hecho, en muchos sectores así ha ocurrido y continúa ocurriendo.

Valgan con dos ejemplos obvios la construcción aeronáutica o la fabricación de automóviles, donde las empresas (escasas) en ambos gremios apenas hoy asumen tareas distintas a las del diseño, ensamblaje y marketing de su producto, confiando su fabricación a un universo de suministradores que se organizan en forma piramidal, de modo que los más cercamos al cliente final agregan e integran los productos y servicios de aquéllos que se encuentran por debajo en la cadena, y así sucesivamente.

Y, sin embargo, se dan fenómenos de éxito, al menos en España, que desafían la lógica expuesta. Destaca singularmente el caso de Mercadona, quien se ha expandido aguas abajo por la vía inicialmente de los “interproveedores”, maquilas que trabajan en exclusiva para ella (al menos en la producción de marcas propias), hasta en algunos caso acabar por integrarlos en su propio perímetro societario. También, aunque quizás en menor medida, la integración vertical es predicable del fenómeno Inditex, al menos en cuanto a diseño, logística y comercialización.

Y me pregunto si los dos modelos de éxito más notables con los que contamos en la piel de toro desafían la lógica de los tiempos hasta el punto de erigirse en un verso suelto de la economía digital, o si su propio modelo es la prueba de que sobreviven en paralelo a la economía digital, siendo esto último más una amenaza que una fortaleza. Mercadona ha confesado recientemente que pierde más de cuarenta millones de Euros en sus ventas on-line, e Inditex directamente no desvela su estrategia on-line y parece que no facilita cifras desagregadas de ventas, representando un porcentaje aún pequeño del total.

Emiliano Garayar
@EmilGarayar

14 marzo, 2016 | 13:07

Todos los políticos sin excepción fían la financiación de sus respectivas cartas a los Reyes Magos en un incremento de la recaudación fruto de la mejora en la lucha contra el fraude. E, indefectiblemente, esto último pasa por engordar la nómina de funcionarios de Hacienda.

Pero Señores, nueve mujeres no gestarán un bebé en un mes. No quiero con ello decir, ni que se me interprete, que no se debe dotar a Hacienda de todos los medios necesarios y convenientes para luchar contra el fraude fiscal, porque una estrategia exitosa sí que nos beneficia a todos: más (recaudación) es menos (a pagar) por el contribuyente cumplidor, y más a recibir por el común en términos de cantidad y calidad de los servicios públicos.

Como no quiero prorrogar el suspense, ya les adelanto cual es la solución que propugna este post: abogo por la supresión del efectivo en España. Sí, sí, han entendido bien. Directamente prohibir billetes y monedas de curso legal (Euros) en la piel de toro.

¿Por qué? Pues porque en el momento en que todas las transacciones económicas sean trazables, con independencia de su cuantía, nada escaparía al escrutinio del gran hermano Hacienda. Y solo una prohibición sin matices ni excepciones puede ser eficaz. Un resquicio rompería el muro. Plain valilla: la tenencia de efectivo sería ilegal, y no me meto en la naturaleza de la sanción por no apuntarme a la epidemia de Torquemadas públicos y privatizados que asola España.

Ya sé que de vez en cuando, tímidamente, alguno de los de la cosa pública abogan por la eliminación de los billetes de 500 Euros. E incluso algún osado por la de los de 200 y, temerario él, hasta de la de los de 100. Pero es que eso va de suyo. ¿Cómo sostener la permanencia de un billete, el famoso Bin Laden (todos saben que existe, pero nadie lo ha visto), cuyo uso legal según los servicios de inteligencia británicos se restringe al 10 por ciento de las transacciones? Item más creo que en Alemania más del 50 por ciento de la población declara no solo no haber tenido nunca uno en el bolsillo, sino ni siquiera haberlo visto. Y eso que es el heredero directo del billete de 1.000 marcos.

Otro dato para la reflexión: España representa en torno al 11 por ciento de la riqueza de la zona Euro y atesora nada menos que un 25 por ciento de los billetes de 500 Euros en circulación.

La Administración es plenamente consciente de que por la vía del pago en efectivo se le desangra el morral. De ahí que ya se prohibieran, salvo en las zonas turísticas, pagos en efectivo por un importe superior a 2.500 Euros. ¡Un mero desiderátum! A quien desea burlar a Hacienda poco le atemorizará violar otra prohibición administrativa. No digamos ya si de los que se trata es de transacciones directamente tipificadas en el Código Penal.

A la prohibición del efectivo y supresión de su uso en España solo se le pueden oponer a mi juicio dos argumentos, creo que fácilmente refutables.

El primero atendería al problema de la población y/o negocios (pequeños) no “bancarizados” (de los ilegales mejor no hablar), que quedaría excluida de esa guisa del tráfico económico. Al respecto hay que decir que el nivel de bancarización de España es probablemente el más alto de la UE y, me atrevería a aventurar, del mundo. Además, desde el sector público siempre se podría arbitrar una suerte de “banco público de último recurso” que proveyera de medios de pago no físicos a esa parte marginal de la población que se viera en riesgo de exclusión. Todos los españoles están en posesión de un DNI, e imagino que en prácticamente su totalidad incorpora ya el chip electrónico. Una idea a vuelapluma para solventar ese problema podría pasar por cargar el chip con saldo monetario (tipo monedero electrónico) y convertirlo de esa guisa en un medio de pago. De seguro que hay muchas otras soluciones más imaginativas y efectivas de las que a mí se me puedan ocurrir, pero la conclusión es la misma: el problema es 'solventable' desde el lado del pagador. Desde el del “negocio”, habida cuenta de la impresionante penetración del Smartphone o teléfono inteligente en España, habilitando un simple apósito (ya existente) para admitir pagos con todo tipo de tarjetas, o por vía electrónica, o bluetooth, o hasta con el chip del DNI, problema resuelto. 

El segundo argumento pertenece a la categoría de los luchadores por la libertad del individuo frente al Estado, también conocidos como liberales (con los que simpatizo). ¡David contra Goliath! En efecto, esta propuesta constituiría una intromisión más en el ámbito de la privacidad del ciudadano, de su intimidad, pues ya nada de su actuar con alguna trascendencia monetaria podría escapar del Gran Hermano ¡oh Leviathan! Yo en esto no entro, es evidente que debe encontrarse un punto de equilibrio, de compromiso entre la libertad individual y el bien común, entre la intimidad y el deber de contribuir al sostenimiento de las cargas públicas con justicia, equidad y progresividad. Pero es que hoy la privacidad toca ya techo en los 2.500 Euros.

En Dinamarca y Países Escandinavos ya se lo están planteando, y eso que el nivel de fraude es substancialmente inferior al asumido como estructural en España.

Y es que, además, yo creo que ser pionero en esto descorcha una muy buena oportunidad para eliminar costes de transacción e innovar, en beneficio del progreso económico y social de empresas y ciudadanos. En efecto, el coste de la producción, mantenimiento, distribución y custodia de efectivo (por no hablar del incentivo a la delincuencia en términos de robos) es muy alto, y constituye un pingüe negocio para algunos: bancos, redes de cajeros automáticos, compañías de seguridad, blindados y transporte, fábrica nacional de moneda y timbre, etc. Proposición: que se dediquen a otra cosa que aporte valor a todos, y no solo a algunos.

De otra parte, el incentivo a la innovación en medios de pago sería enorme, y por ahí van los tiros de la burbuja fintech. A los bancos se les daría más negocio pues capturarían parte de las transacciones hoy no bancarias, y también al resto de las compañías de medios de pago, por lo que la tarta crecería para ellos, pero, en contrapartida, el incentivo a la disrupción de su modelo sería aún mayor, lo que yo personalmente considero beneficioso para el bien común. Se trata de una industria cara y, hoy, ineficiente, por no hablar de su “riesgo moral”.

¡Sí se puede! Eso sí, se acabaron las “donaciones anónimas”. A buen entendedor …

Emiliano Garayar
@EmilGarayar

07 marzo, 2016 | 11:12

Muchos de ustedes no habrán oído nunca hablar de Blockchain. Pero sí de Bitcoin, la criptomoneda que inventa el dinero digital (en el Centro comercial ABC de Serrano en Madrid hay un cajero de Bitcoins, del que creo que se puede retirar cash). Pues bien, blockchain es el protocolo sobre el que corren las transacciones de Bitcoin, y el que habilita la propia existencia de la moneda.

Y se preguntarán, con razón, ¿qué tiene que ver el dinero digital con la revolución del derecho? Pues suena más a banca (y su galopante crisis estructural de modelo), y a bancos emisores, que a abogados. Eso pensaba yo también hasta que me alcanzaron dos afirmaciones que, de ser ciertas, marcarán un antes y un después no solo en la profesión de abogado, sino también en los parámetros más importantes del tráfico jurídico, financiero y de negocios.

Ahí va la primera de ellas:blockchain es al intercambio de valor lo que internet ha sido al intercambio de información”. Si solo un uno por ciento de esta frase es cierto, la revolución que se nos viene encima es brutal.

La segunda: “por primera vez podemos meter código en los activos”. ¿Recuerdan? Apenas estamos en los comienzos del internet de las cosas, de la industria 3.0, y ahora nos vienen con que se trata de crear “activos de valor inteligentes”. Vamos, que no hace falta que usted persiga al billete, pues, si es su legítimo destinatario, el billete le perseguirá a usted.

Las tripas del protocolo la verdad es que se me escapan. Mi escasa capacitación tecnológica no da para mucho y, aun menos, para entender cómo funciona el blockchain. Lo que sí entiendo son sus “virtudes”: posibilita transacciones irreplicables y registra todo el tracto de las mismas en bloques que se van encadenando de modo descentralizado; el registro de ese tracto desde el momento mismo de la generación del activo resulta de imposible manipulación. Además el sistema comprueba transacciones “incompatibles” (p.e. gastarse dos veces la misma bitcoin) e impide que las mismas se registren. Realiza una suerte de liquidación automática de valor de modo que el output nunca pueda ser superior al input.

Y esto, en derecho, ¿para qué sirve? A mi juicio transforma el paradigma mismo de la abogacía de los negocios, … y me explico dando un paso muy atrás, hasta la primera clase del primer día de la carrera (que en mi caso es remontarse casi 30 años en el tiempo). ¿Recuerdan cuál es la diferencia entre la norma jurídica y la norma moral? ¿Lo que hace que el derecho sea derecho? Sí, la imposición coercitiva de su cumplimiento a manos de quien ostenta en una sociedad el monopolio de la fuerza. No hay derecho, “legalidad”, si no podemos exigir el cumplimiento de lo pactado, y para eso está la justicia, ese monopolio público de tan altísimo coste para el tráfico mercantil y, sí, porque no decirlo, en España tremendamente ineficaz y radicalmente incierto (el arbitraje es la gestión privada en régimen de concesión, pero no es que haya mejorado en demasía a su original).

¿Y si redactáramos y suscribiéramos contratos autoejecutables? ¿Y si pudiéramos evitar la intervención humana en la ejecución y cumplimiento de lo pactado? ¿Y si la justicia, y el juez, y el árbitro, resultaran redundantes para hacer cumplir la voluntad de las partes?

Es evidente que lo anterior constituye un desiderátum de muy difícil y probablemente remota realización, al menos en su extremo. Pero es cierto que hay muchos objetivos intermedios alcanzables, particularmente en lo que conocemos como contratos de tracto sucesivo (es decir, donde las recíprocas prestaciones de las partes se van dando a lo largo de la vida del contrato, y no solo en el momento de su firma).

Sería éste, por ejemplo, el caso de la verificación del cumplimiento de condiciones suspensivas objetivas a las que queda subordinado determinado pago o prestación susceptible de automatización. Así, si el comprador retiene parte del precio a pagar por un inmueble que se liberará en el momento en que quede inscrita en el registro de la propiedad la escritura de obra nueva y división horizontal, el contrato “inteligente” quedará programado de modo que cuando verifique (el propio contrato) que la inscripción ha tenido lugar, automáticamente se activará la orden de transferencia de los fondos retenidos para ese fin en favor del vendedor. Para ello, el contrato estará interconectado con el registro de la propiedad y con la entidad financiera o plataforma de pagos electrónicos (es posible que las primeras con la deriva que llevan ya hayan dejado de existir), y procesará la información ejecutando los pactos entre las partes sin intervención humana alguna.

Ello constituye todo un reto para los abogados que tendremos que cambiar de “lenguaje”, para empezar ya mismo a escribir “código”.

Y qué decir de nuestros amigos Notarios, y de la fe pública registral, y de todo el negocio, en definitiva, montado en rededor de la prevención de la tan humana, y singularmente española, capacidad de engañar, falsificar, trampear, etc.

En efecto, la cualidad del blockchain de registrar transacciones irreplicables y de imposible manipulación, alteración o falsificación, aportando "fehaciencia" a su contenido, supondría que todos los contratos en blockchain hicieran redundante la fe pública notarial. Y blockchain es en sí mismo un registro universal de transacciones, que hace imposible en su esencia la alteración o interrupción del tracto, de un modo infinitamente más eficaz que un registro de la propiedad al uso y con un alcance universal.

¿Para cuándo una cátedra blockchain? Las Facultades de derecho … siempre a la vanguardia de la innovación.

Emiliano Garayar
@EmilGarayar

01 marzo, 2016 | 15:48

La fugacidad es un sino de los tiempos. También en el mundo empresarial, y en los modelos de negocio “rupturistas”. La “competencia por disrupción” supone aceptar monopolios de mercado temporales a la espera de que una nueva innovación tecnológica les arrebate todo su poder de mercado... e, incluso, el propio mercado. Hay mucha literatura económica sobre el tema, un tanto plomiza, y el asunto poco o nada tiene que ver con este artículo.

Viene esto a cuento de un titular de periódico de hace un par de semanas donde se anunciaba una revolución del modelo de abogacía a lomos de Arriaga Asociados (creo que así se denomina), para apenas unos días más tarde proclamar el mismo diario líder en español una estocada mortal de esa firma consecuencia de una sentencia del Tribunal Supremo en la que se reconocía el derecho de los accionistas de Bankia que acudieron a la OPS a recuperar todo su dinero. Fallo al que Bankia se allanó sin demora, resignada a su fatal suerte y decidida a no engordar la bolsa con los honorarios de abogados de los reclamantes (las famosas condenas en costas).

Pero es que el modelo Arriaga, con sus luces, ni es disruptivo ni representa futuro alguno de la profesión de abogado. Es más, creo que es el pasado más vulnerable y de más inminente desaparición, pero no por el allanamiento de Bankia, sino por la propia esencia de su modelo de negocio.

Que a los medios les gusten las empresas que invierten en publicidad resulta lógico. Salvo administraciones, monopolios de hecho o de derecho, y algún que otro abogado, nadie en su sano juicio castiga a sus clientes actuales o potenciales.

Arriaga “democratiza el acceso a la justicia” en un modelo “freemium”, donde aparentemente todo es gratis, pues el resultado estaba estadísticamente cubierto (ganar la reclamación), y los costes eran de cuenta del reclamado, quien finalmente debía atender (también) los honorarios Arriaga. Propuesta de negocio “win/win”, donde todos ganan a costa del erario público, en este caso (Bankia), que paga desaguisados ajenos imputables a “gestores”, “asesores”, “auditores” y “supervisores”, en la medida de la responsabilidad aún por dilucidar ante tribunales (penales). Están en ello.

Para que el modelo pudiera funcionar era precisa una amplia base de agraviados, un agravio suficientemente lacerante presto a ser reconocido por la justicia, y (aquí está lo importante) la regla de condena en costas por referencia a los honorarios orientativos de los colegios de abogados. En este último elemento es donde se encuentra el negocio. Es evidente, pues si se tratara de reembolsar al cliente los costes efectivamente incurridos, y estos son nimios o inexistentes, Arriaga poco o nada ganaría. Como las costas se calculan por criterios que nada tienen que ver con el coste efectivo incurrido, sino con la cuantía, complejidad o dedicación supuesta a un asunto por parte del letrado, la maximización de la cuantía y la minimización de la dedicación (gracias al taylorismo de la producción en serie y cierto estajanovismo), optimizan el margen y engordan el beneficio.

El mérito de Arriaga et alii, reside, sin duda, en haber coadyuvado a que gentes que de otro modo no habrían tenido acceso a la justicia y, por lo mismo, habrían consolidado un serio quebranto en su frecuentemente limitado patrimonio, se hayan visto resarcidos de una práctica además de ilegal, profundamente inmoral y contraria a la ética, como fue el recurso masivo al ahorro popular para retrasar la quiebra de unas entidades como las cajas de ahorro víctimas de los desmanes de todo género causados por sus gestores, en una orgía de arbitrariedad, nepotismo e impunidad. Pero ahí se agota – a mi juicio – su bondad.

La realización de demandas en serie requiere de escaso talento humano, y es fácilmente optimizable por la tecnología. Todo aquello que las máquinas pueden hacer mejor y a un coste infinitamente inferior, desaparecerá del perímetro de la labor humana. El proceso solo puede agudizarse y acelerarse dados los progresos en capacidad de computación (la archiconocida ley de Moore) y los aún más relevantes avances en materia de inteligencia artificial y auto-aprendizaje por parte de las máquinas (machine learning).

De otra parte, reposando la rentabilidad en una anomalía como los honorarios profesionales orientativos, la fragilidad del modelo se agudiza aún más. Y si no, que se lo pregunten a los inversores en energías renovables.

Eso, y no el allanamiento de Bankia, se erige en el epitafio de este modelo de prestación de servicios profesionales, que es igualmente predicable en muchos otros ámbitos, como la contabilidad, la gestión tributaria, etc.

Emiliano Garayar
@EmilGarayar

imagen de Ignacio Rúiz-Jarabo

Abogado de profesión, emprendedor de vocación, economista aficionado, con el prisma de una mirada heterodoxa y el verbo mordaz como herramienta. Emiliano Garayar está especializado en la gestión de la complejidad: hoy concentrado en aportar remedios imaginativos a la sequía financiera, viene siendo un actor legal destacado en los grandes movimientos del sector energético. Es socio director en Garayar Abogados, siendo reconocida su visión innovadora de la abogacía y de la gestión de despachos.

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