25 abril, 2016 | 10:34

Este verano a muchos les va a tocar … Caribe, a su pesar. Por lo que me dicen España está sold out, y como los españolitos nos tomamos nuestro tiempo en eso de hacer la reserva del veraneo, pues o pasar por casa de los suegros o enfilar la travesía de la mar oceána. Los europeos y otros visitantes no solo concilian mejor, disfrutan de horarios ídem, de salarios dignos y gobiernos de coalición, sino que además compran con meses de antelación sus vacaciones.

La geopolítica sigue jugando en favor de España, y las desgracias de la cuenca mediterránea, más graves cuanto más al sur y al este, dejan a penas sin opciones a nuestros queridos conciudadanos europeos a la hora de elegir destino. Sucumbió Túnez, y Egipto, y ahora Turquía, y no digamos ya zonas calientes como Jordania o Siria.

¿Quién se acuerda del Plan Canarias que de urgencia hubo de adoptar el Gobierno Zapatero para sostener una economía que se hundía ante el naufragio del turismo y la construcción con tasas de paro superiores al treinta por ciento? Pues ahora los fondos de inversión se dan literalmente de tortas por hacerse con hoteles en una temporada turística que se alarga como nunca lo había hecho antes.

De Baleares mejor no hablar no vaya a ser que a alguno más se le ocurra como destino para estas vacaciones. Esto está literalmente de bote en bote, y se va a poner aún más imposible este verano.

Tal es la presión del turismo en algunos destinos españoles que comienza a despuntar cierto debate social respecto del retorno de la primera industria nacional. Particularmente allá donde la presión de visitantes es mayor y el territorio más sensible a la agresión.

Si España ha aguantado de pie, aunque tambaleándose, en la gran recesión del 2008 ha sido – a mi juicio – gracias al turismo (y a la solidaridad familiar). Es ésta una industria muy intensiva en mano de obra de escasa cualificación y, por tanto, generadora de empleo (precario, temporal y poco retribuido) en zonas del país donde no existe una economía independiente del propio turismo.

Pero más allá del titular sobre el récord anual de visitantes y el sempiterno debate sobre el agotamiento del modelo de sol y playa que sigue empero engordando la reserva de divisas y equilibrando la balanza exterior, la gente de algunas ciudades y territorios comienza a preguntarse si merece la pena esta especie de expropiación temporal del país particularmente intensa en la temporada de verano.

En efecto, el turismo también presenta externalidades no del todo positivas: presión sobre las infraestructuras y servicios públicos en localidades donde puede llegar a triplicarse la población estable; incremento de precios en los bienes y servicios cotidianos por la presión inflacionista de los propios visitantes, bien acostumbrados a precios más altos en su país de origen, bien dispuestos a pagar un sobreprecio por aquello de que están de vacaciones; problemas habitacionales por un incremento desmesurado de alquileres en la temporada de verano y por la explotación como alojamientos alternativos a través de las nuevas plataformas digitales que, particularmente en Baleares, está privando a los propios trabajadores de la industria de la posibilidad de encontrar una solución habitacional en la que pernoctar; contaminación acústica y presión sobre el territorio, en particular en las áreas con un equilibrio ecológico más vulnerable.

Y algunos se cuestionan ya si esto de anunciar record anual de número de turistas tiene algún sentido, más allá del titular en boca del ministro del ramo de turno. Cantidad no es sinónimo de calidad, ni número equivale a ingreso. Pero no vamos a recaer en el sempiterno debate del modelo turístico español, ni si hoy es más low cost que ayer y menos que mañana.

Creo que España tiene la enorme fortuna de reunir unos ingredientes únicos que le hacen tan atractiva para el extranjero (clima, modo de vida, geografía) y ha atesorado un importante conocimiento y una trayectoria en el mundo del turismo del que sentirse legítimamente orgullosa. Ahí están empresas mundialmente punteras que dan buena cuenta de ello.

Ahora bien, el debate debe centrarse no tanto en el turista cuanto en la captación del valor del turista. Frecuentemente, el hecho de que España ingrese menos por turista no es consecuencia de que el turista gaste menos, sino de que el dinero que se gasta el turista no llega a España. Esto ya fue moneda común en el pasado con la hegemonía de tour-operadores internacionales, el mercado de paquetes, y las famosas garantías de ocupación a precio de saldo que aún hoy subsisten en algunos destinos.

En la era de la digitalización el turista se ha “emancipado”, y puede decidir por sí mismo cómo y dónde viajar, por cuanto tiempo, y con qué nivel de gasto. Además, los nuevos formatos que van desde las aerolíneas low cost hasta los alojamientos alternativos de Airbnb, Homeaway, etc. han ensanchado la oferta y, por tanto la posibilidad de elección. Pero hoy como ayer subsiste la pugna por la captura del valor del cliente entre los jugadores de los mercados emisores y los de los mercados receptores (España).

Cuando el mordisco de las plataformas de reservas on-line alcanza casi un treinta por ciento de la tarifa bruta de un alojamiento se produce una tremenda erosión del margen de quien ha realizado la inversión y soporta el riesgo y los costes de la actividad frente a quien ha canalizado la decisión de compra del cliente. Si la aerolínea de turno consigue colocarle al cliente el transfer del aeropuerto, el coche de alquiler, el seguro y hasta la maleta, captura unas rentas en detrimento del margen de los agentes del mercado receptor.

España tiene la infraestructura turística, y en consecuencia el riesgo de la inversión y la explotación. Gracias a internet no hay límites para ofrecer nuestros productos y servicios en todos y cada uno de los rincones del mundo. Además, el turista desea una experiencia “personalizada” y lo más ajustada a sus preferencias e inquietudes. Es por tanto en la venta directa, y en el posicionamiento de cada producto en los mercados emisores, propugnando y propiciando una experiencia cliente adaptada y atractiva donde debe trabajar el sector.

Mayores márgenes, y no mayor número de turistas, serán los que permitan la renovación y actualización del producto ofrecido, y un incremento de su calidad y valor que debe igualmente pasar por y redundar en una mejora de las condiciones de empleo de todos los agentes del sector.

Emiliano Garayar
@EmilGarayar

05 abril, 2016 | 19:51

Hace unas semanas la Caixa anunciaba un “banco con vistas”, como el único banco (de madera) que necesitaba el cliente. Lo demás lo podía hacer con el móvil. El problema es que como la profecía se cumpla al pie de la letra estará firmando el epitafio de su modelo de banca; y con él el del sector.

Hoy el nuevo consejero delegado de BBVA anuncia que le sobran, a plazo, dos tercios de las sucursales (e imagino que de sus correspondientes moradores). No sé si es una forma muy ortodoxa de anunciar un ERE “en diferido”, parafraseando a algún insigne político.  Parece que el Banco azul no ha podido resistir la tentación de, una vez más, contraprogramar al Banco rojo (por el color corporativo, que de inclinaciones políticas aquí no se habla). El Santander anunciaba ayer el cierre de cuatrocientas cincuenta sucursales, pero ya sin diferimiento, y sus consiguientes “salidas”.

A ello se une el reiterado anuncio por lo bajinis del advenimiento de una nueva ola de fusiones que han de concentrar aún más el sector en España (ya ha perdido prácticamente la mitad de las entidades existentes en 2008, más de diez mil sucursales y casi cien mil empleos), amén de las admoniciones sobre una enésima ronda de saneamiento de balances. Vamos, otra Purga de Benito, pero esta vez sin vaselina BCE.

¿Qué está pasando? O ¿Qué es lo que no pasa pero debería estar pasando?

El jueves me ha invitado la Asociación de Estudiantes de Finanzas de la Universidad Carlos III a dar una charla sobre el sector financiero que les espera y en el que vocacionalmente aspiran a integrarse. Creo que no seré portador de noticias muy halagüeñas a la vista no solo de la coyuntura, sino particularmente de la estructura de una industria en “disrupción”.

Adelanto algunas consideraciones para el análisis y la reflexión, pero sobre todo para la acción.

Como a todo al que no le va bien, la culpa la tiene el empedrado. La manida “tormenta perfecta”, que lo mismo explica la quiebra de países que el hundimiento de sectores. Pero puede que hablando de Banca no estemos muy lejos de la ciclo-génesis explosiva con la que nos sobresalta algún que otro hombre del tiempo al final del Telediario.

Cuatro fuerzas centrifugas amenazan con descoyuntar al muñeco: riesgos macroeconómicos y geopolíticos; política monetaria zona euro, evolución de tipos y perspectivas de rentabilidad; exigencias regulatorias; y cambio de paradigma en el modelo de negocio con disrupción tecnológica.

Centrémonos en las cuestiones estructurales, que de las coyunturales ya se encargará el inexorable paso del tiempo.

La carga regulatoria impone un pesado lastre a la industria en términos de compliance y de costes de capital que solo puede ir a más. Es la consecuencia del moral hazard al que se abonaron y que terminó con el archimentado crack financiero de la gran recesión. Dado que no pueden quebrar, se han convertido en una suerte de utility, una industria hiper-regulada sujeta a una intensa intervención administrativa. No se publificarán los beneficios (si es que hay), pero dado que sí se publifican las pérdidas se les atan las manos muy en corto: Autoridad Bancaria Europea, mecanismos de resolución, ring-fencing, sistémicos, … etc. Toda esta pesada arquitectura institucional está aquí para quedarse.

Y, simultáneamente, el cambio estructural de mercado de la mano de la revolución digital.

En un reciente estudio elaborado por PWC UK sobre las Fintech, el 83% de los encuestados manifestaban que parte de su negocio se veía amenazado por los nuevos actores digitales del sector financiero (FinTechs). Los escépticos pondrán en solfa el resultado en función del universo de encuestados. Pues el 30% de los participantes eran bancos, el 21% compañías de gestión de activos financieros, el 14% aseguradoras, y solo un 20% provenían de los nuevos jugadores. Así que un ratio 65/20 entre incumbentes y entrantes.

Por su parte, la unidad de investigación de mercados de The Economist (EIU) en su estudio sobre la banca minorista ofrece esta respuesta a la pregunta de si “en cinco años el modelo tradicional de banca minorista basado en una red de sucursales estará muerto” (sic). A lo que un 49% de los encuestados responden afirmativamente, frente a un 32% que se muestra en desacuerdo, sosteniendo nada menos que un 64% que el servicio bancario minorista para entonces se encontrará plenamente automatizado. Ciertamente, un nicho donde no buscar empleo, si es que a alguno le quedaba vocación de cajero con manguitos.  

En el mismo estudio, preguntados sobre cuáles son las mayores amenazas para la industria, donde mayor peso por regiones tenía la respuesta de “nuevas tecnologías y canales digitales” era precisamente Europa (27%), junto con la amenaza de “nuevos entrantes y cambio de paradigma de mercado” (29%).

En cuanto a qué parte del negocio tradicional se halla “amenazado” y podría ser conquistado a corto plazo por los nuevos “bárbaros” de las finanzas, en el estudio de PWC la propia industria anticipa que los nuevos entrantes en cinco años se harían con un 28% del mercado de medios de pago, con un 24% de la banca, un 22% de la industria de gestión de activos financieros y banca privada, y un 21% del mercado de seguros. Un mordisco medio del 23% de los mercados financieros tradicionales. Ello coincide lógicamente con los sectores más expuestos a la disrupción tecnológica en el horizonte 2020: banca minorista (80%); medios de pago (60%); gestión de activos y banca privada (38%); y servicios financieros a PYMEs (35%).

Y ¿quiénes son esos bárbaros que empujan hasta resquebrajar los muros del imperio del dinero?  Pues en cada nicho no son necesariamente coincidentes. Están de un lado los sospechosos habituales: ALIBABA (a quien nada menos que un 34% identifica como un jugador financiero relevante en el estudio de Startup Bootcamp FinTech London); AMAZON (32%); APPLE (18%); GOOGLE (24%); y FACEBOOK (15%).

Pero hay otros de toda clase y condición: plataformas P2P, compañías de telecomunicaciones, de consumo, banca en la sombra a manos de fondos de inversión, robots o plataformas automatizadas de gestión de activos y asesoramiento financiero, etc.

En fin, que mis queridos universitarios van a entra en un mercado en ebullición, donde se enfrentarán a tantas amenazas como oportunidades, pero en el que el factor humano, definitivamente, va a tener un menor peso del que ha venido teniendo y, mucho me temo, donde el incremento exponencial de productividad que va a traer la tecnología también se hará a costa de la retribución de la mayoría de los que allí laboren.

Bienvenido sea el cambio, pues qué podemos esperar hoy de unos Bancos que no prestan y no quieren tomar depósitos del público, según ellos mismos manifiestan.

 

Emiliano Garayar
@EmilGarayar

31 marzo, 2016 | 13:16

El otro día leía que a mediados del siglo XIX le preguntaban a un reputado arquitecto de Nueva York cómo veía la evolución de la urbe neoyorkina a un siglo vista. Parece que respondió que tendría unos diez millones de habitantes, más de cien edificios de diez alturas, y mucha mierda de caballo en sus calles consecuencia del aumento del tráfico.

Evidentemente se equivocó en todo, lo cual no es de extrañar con previsiones a cien años vista (como dice Bill Gates, tendemos a sobreestimar los cambios a dos años y a subestimarlos a diez). La población llegó a diez millones, la ciudad se hizo vertical y parió su Manhattan Skyline, pero el excremento equino, salvo por alguna muestra simbólica en Central Park, desapareció de sus calles.

El caballo sucumbió al tío Henry y sus sucesores, pero no el cochero. Hoy en día, en España y en muchos otros lugares, se libra una pelea de “cocheros”, dicho sea, con todos los respetos. Y como Über parece que vuelve a la carga por estos lares madrileños, el gremio del taxi sigue en pie de guerra en defensa del status quo, y la Comisión Nacional de Mercados y Competencia hace sus pinitos en esto de la economía colaborativa (remando afortunadamente a la contra del Gobierno y sus dinosaurios), pues nos desayunamos todos los días con un montón de titulares sobre batallas, pleitos y cismas.

Yo, aunque tengo claro por quien tomo partido en estas guerrillas, no quiero ni pretendo adoctrinar en favor de uno u otro bando. ¿La razón? A corto plazo van a perder los dos, o los tres, o los cuatro o los que vengan, porque más pronto que tarda vamos a asistir a “la revancha del caballo”, quien se va a llevar por delante al cochero. De hecho, ya lo estamos viendo en Madrid.

El futuro del transporte urbano de viajeros no es del taxi, ni de Uber, ni Cabify, ni de quien venga. El futuro mucho más cercano de lo que nos puede parecer es el de los vehículos autónomos (por supuesto eléctricos) auto-conducidos.

Un aperitivo de la tendencia es el propio éxito de Car to Go en la almendra central de Madrid. Para quien no lo conozca: se trata de una suscripción a través de una app de móvil que te permite coger cualquier coche disponible (smart eléctrico de dos plazas) de su flota aparcado aleatoriamente en Madrid y moverte con él dentro de la M-30, dejándolo aparcado donde te convenga y puedas (sin coste, pues están exentos de la tarifa de aparcamiento regulado). Se abona su uso por tiempo a través de la app y bye bye. Hay cuatrocientas unidades y parece que la demanda pediría muchas más y con mayor rango (fuera de la M-30).

Me indicarán, con buen criterio, que en Car 2 Go el “cochero” es uno mismo. Ya, eso es un coche “auto-conducido”, pero no autónomo. Para mi está claro que se trata del preludio de lo que está por venir. Sobre todo, después de constatar la seguridad del coche autónomo de Google y el hecho de que el entorno urbano lo hace especialmente adecuado por sus cortas distancias y bajas velocidades. Ello unido a las restricciones de tráfico de particulares o profesionales que cada día se harán mayores en las tramas urbanas de las ciudades (apuesto por una cercana prohibición de los coches de combustión, primero, y de las motos después), sugiere con una muy alta probabilidad que quedarán bicicletas eléctricas, transporte colectivo eléctrico y también autónomo (el metro ya lo es), y … google-cars a demanda. Ah, y peatones, quienes podrán por fin recuperar el espacio de lo público perdido todo un siglo a manos de la máquina.

Así que sigan discutiendo sobre si son galgos o podencos, que mientras tanto vuelve el caballo para hacerle un ERE al cochero. ¿O es que también lo van a prohibir porque no está dado de alta en la seguridad social?

Emiliano Garayar
@EmilGarayar

21 marzo, 2016 | 11:32

Si hay algo que reúne el más grande consenso respecto de los beneficios allegados por la superconectividad en la era de internet y las ganancias de productividad de la revolución tecnológica es la reducción de los costes de transacción.

Va de suyo que, al abrir internet una ventana al mundo, la oferta y demanda potencial se magnifican como nunca se pudo soñar apenas hace 50 años. Además, la disponibilidad en tiempo real de la información global permite superar en gran medida los problemas de casación entre oferta y demanda fruto de asimetrías de información. Miren sino, por poner un ejemplo banal, un mercado global de oportunidad como E-Bay.

Sin embargo, y en contra de lo que la teoría económica podría sugerir, ello no ha redundado necesariamente en la desaparición de empresas verticalmente integradas. Al contrario, unicornios digitales que reinan en el olimpo de la economía digital como Amazon, en su afán por erigirse en el “suministrador del mundo”, internalizan dentro de su perímetro un número cada vez mayor de negocios que, hasta el presente, eran prestados por terceras empresas. Ahí están las noticias relativas a su ambición por asimilar toda su logística adquiriendo compañías navieras o de transporte y alquilando a largo plazo flotas de aviones de carga, por no hablar de su aparentemente onírica visión de engendrar enjambres de drones para la “última milla”.

Ronald Coase, el genial economista británico fallecido no hace tanto con 102 años, teorizó la justificación de la existencia de la empresa en tanto que entorno cerrado, mercado interno, por oposición al mercado abierto donde casan oferta y demanda. El presupuesto de su planteamiento pasaba por desbrozar la paradoja, asumiendo que el mercado libre se erige en el mecanismo óptimo de casación de oferta y demanda y de formación de precios, del ¿por qué internalizar procesos en el seno de una empresa cuando cada una de sus necesidades podría quedar óptimamente satisfecha acudiendo al libre mercado? La respuesta la halló precisamente en los “costes de transacción”, desagregables en costes de búsqueda de suministradores, costes de negociación y contratación de sus productos o servicios, y costes de supervisión y coordinación para su integración en el proceso productivo de la empresa.

La respuesta reside en que un comportamiento económicamente racional demandaría que la empresa internalizara todos los procesos hasta el punto en que su coste fuera superior a la contratación de los mismos en el mercado una vez agregados los costes de transacción. O, formulado inversamente, una empresa debería externalizar todos sus procesos hasta el límite en el que los costes de transacción de ese recurso al mercado fueran superiores a la fabricación de ese producto o la prestación de ese servicio internamente. No obstante, es evidente que existen otro tipo de argumentos menos economicistas que pueden justificar la internalización de procesos a pesar de su aparente mayor coste en los que no nos vamos a detener.

Pues bien, sumada la premisa de la reducción de costes de transacción aportada por la era internet y la digitalización al paradigma de Coase, deberíamos estar asistiendo a un proceso masivo de desintegración vertical de empresas. Y, de hecho, en muchos sectores así ha ocurrido y continúa ocurriendo.

Valgan con dos ejemplos obvios la construcción aeronáutica o la fabricación de automóviles, donde las empresas (escasas) en ambos gremios apenas hoy asumen tareas distintas a las del diseño, ensamblaje y marketing de su producto, confiando su fabricación a un universo de suministradores que se organizan en forma piramidal, de modo que los más cercamos al cliente final agregan e integran los productos y servicios de aquéllos que se encuentran por debajo en la cadena, y así sucesivamente.

Y, sin embargo, se dan fenómenos de éxito, al menos en España, que desafían la lógica expuesta. Destaca singularmente el caso de Mercadona, quien se ha expandido aguas abajo por la vía inicialmente de los “interproveedores”, maquilas que trabajan en exclusiva para ella (al menos en la producción de marcas propias), hasta en algunos caso acabar por integrarlos en su propio perímetro societario. También, aunque quizás en menor medida, la integración vertical es predicable del fenómeno Inditex, al menos en cuanto a diseño, logística y comercialización.

Y me pregunto si los dos modelos de éxito más notables con los que contamos en la piel de toro desafían la lógica de los tiempos hasta el punto de erigirse en un verso suelto de la economía digital, o si su propio modelo es la prueba de que sobreviven en paralelo a la economía digital, siendo esto último más una amenaza que una fortaleza. Mercadona ha confesado recientemente que pierde más de cuarenta millones de Euros en sus ventas on-line, e Inditex directamente no desvela su estrategia on-line y parece que no facilita cifras desagregadas de ventas, representando un porcentaje aún pequeño del total.

Emiliano Garayar
@EmilGarayar

14 marzo, 2016 | 13:07

Todos los políticos sin excepción fían la financiación de sus respectivas cartas a los Reyes Magos en un incremento de la recaudación fruto de la mejora en la lucha contra el fraude. E, indefectiblemente, esto último pasa por engordar la nómina de funcionarios de Hacienda.

Pero Señores, nueve mujeres no gestarán un bebé en un mes. No quiero con ello decir, ni que se me interprete, que no se debe dotar a Hacienda de todos los medios necesarios y convenientes para luchar contra el fraude fiscal, porque una estrategia exitosa sí que nos beneficia a todos: más (recaudación) es menos (a pagar) por el contribuyente cumplidor, y más a recibir por el común en términos de cantidad y calidad de los servicios públicos.

Como no quiero prorrogar el suspense, ya les adelanto cual es la solución que propugna este post: abogo por la supresión del efectivo en España. Sí, sí, han entendido bien. Directamente prohibir billetes y monedas de curso legal (Euros) en la piel de toro.

¿Por qué? Pues porque en el momento en que todas las transacciones económicas sean trazables, con independencia de su cuantía, nada escaparía al escrutinio del gran hermano Hacienda. Y solo una prohibición sin matices ni excepciones puede ser eficaz. Un resquicio rompería el muro. Plain valilla: la tenencia de efectivo sería ilegal, y no me meto en la naturaleza de la sanción por no apuntarme a la epidemia de Torquemadas públicos y privatizados que asola España.

Ya sé que de vez en cuando, tímidamente, alguno de los de la cosa pública abogan por la eliminación de los billetes de 500 Euros. E incluso algún osado por la de los de 200 y, temerario él, hasta de la de los de 100. Pero es que eso va de suyo. ¿Cómo sostener la permanencia de un billete, el famoso Bin Laden (todos saben que existe, pero nadie lo ha visto), cuyo uso legal según los servicios de inteligencia británicos se restringe al 10 por ciento de las transacciones? Item más creo que en Alemania más del 50 por ciento de la población declara no solo no haber tenido nunca uno en el bolsillo, sino ni siquiera haberlo visto. Y eso que es el heredero directo del billete de 1.000 marcos.

Otro dato para la reflexión: España representa en torno al 11 por ciento de la riqueza de la zona Euro y atesora nada menos que un 25 por ciento de los billetes de 500 Euros en circulación.

La Administración es plenamente consciente de que por la vía del pago en efectivo se le desangra el morral. De ahí que ya se prohibieran, salvo en las zonas turísticas, pagos en efectivo por un importe superior a 2.500 Euros. ¡Un mero desiderátum! A quien desea burlar a Hacienda poco le atemorizará violar otra prohibición administrativa. No digamos ya si de los que se trata es de transacciones directamente tipificadas en el Código Penal.

A la prohibición del efectivo y supresión de su uso en España solo se le pueden oponer a mi juicio dos argumentos, creo que fácilmente refutables.

El primero atendería al problema de la población y/o negocios (pequeños) no “bancarizados” (de los ilegales mejor no hablar), que quedaría excluida de esa guisa del tráfico económico. Al respecto hay que decir que el nivel de bancarización de España es probablemente el más alto de la UE y, me atrevería a aventurar, del mundo. Además, desde el sector público siempre se podría arbitrar una suerte de “banco público de último recurso” que proveyera de medios de pago no físicos a esa parte marginal de la población que se viera en riesgo de exclusión. Todos los españoles están en posesión de un DNI, e imagino que en prácticamente su totalidad incorpora ya el chip electrónico. Una idea a vuelapluma para solventar ese problema podría pasar por cargar el chip con saldo monetario (tipo monedero electrónico) y convertirlo de esa guisa en un medio de pago. De seguro que hay muchas otras soluciones más imaginativas y efectivas de las que a mí se me puedan ocurrir, pero la conclusión es la misma: el problema es 'solventable' desde el lado del pagador. Desde el del “negocio”, habida cuenta de la impresionante penetración del Smartphone o teléfono inteligente en España, habilitando un simple apósito (ya existente) para admitir pagos con todo tipo de tarjetas, o por vía electrónica, o bluetooth, o hasta con el chip del DNI, problema resuelto. 

El segundo argumento pertenece a la categoría de los luchadores por la libertad del individuo frente al Estado, también conocidos como liberales (con los que simpatizo). ¡David contra Goliath! En efecto, esta propuesta constituiría una intromisión más en el ámbito de la privacidad del ciudadano, de su intimidad, pues ya nada de su actuar con alguna trascendencia monetaria podría escapar del Gran Hermano ¡oh Leviathan! Yo en esto no entro, es evidente que debe encontrarse un punto de equilibrio, de compromiso entre la libertad individual y el bien común, entre la intimidad y el deber de contribuir al sostenimiento de las cargas públicas con justicia, equidad y progresividad. Pero es que hoy la privacidad toca ya techo en los 2.500 Euros.

En Dinamarca y Países Escandinavos ya se lo están planteando, y eso que el nivel de fraude es substancialmente inferior al asumido como estructural en España.

Y es que, además, yo creo que ser pionero en esto descorcha una muy buena oportunidad para eliminar costes de transacción e innovar, en beneficio del progreso económico y social de empresas y ciudadanos. En efecto, el coste de la producción, mantenimiento, distribución y custodia de efectivo (por no hablar del incentivo a la delincuencia en términos de robos) es muy alto, y constituye un pingüe negocio para algunos: bancos, redes de cajeros automáticos, compañías de seguridad, blindados y transporte, fábrica nacional de moneda y timbre, etc. Proposición: que se dediquen a otra cosa que aporte valor a todos, y no solo a algunos.

De otra parte, el incentivo a la innovación en medios de pago sería enorme, y por ahí van los tiros de la burbuja fintech. A los bancos se les daría más negocio pues capturarían parte de las transacciones hoy no bancarias, y también al resto de las compañías de medios de pago, por lo que la tarta crecería para ellos, pero, en contrapartida, el incentivo a la disrupción de su modelo sería aún mayor, lo que yo personalmente considero beneficioso para el bien común. Se trata de una industria cara y, hoy, ineficiente, por no hablar de su “riesgo moral”.

¡Sí se puede! Eso sí, se acabaron las “donaciones anónimas”. A buen entendedor …

Emiliano Garayar
@EmilGarayar

07 marzo, 2016 | 11:12

Muchos de ustedes no habrán oído nunca hablar de Blockchain. Pero sí de Bitcoin, la criptomoneda que inventa el dinero digital (en el Centro comercial ABC de Serrano en Madrid hay un cajero de Bitcoins, del que creo que se puede retirar cash). Pues bien, blockchain es el protocolo sobre el que corren las transacciones de Bitcoin, y el que habilita la propia existencia de la moneda.

Y se preguntarán, con razón, ¿qué tiene que ver el dinero digital con la revolución del derecho? Pues suena más a banca (y su galopante crisis estructural de modelo), y a bancos emisores, que a abogados. Eso pensaba yo también hasta que me alcanzaron dos afirmaciones que, de ser ciertas, marcarán un antes y un después no solo en la profesión de abogado, sino también en los parámetros más importantes del tráfico jurídico, financiero y de negocios.

Ahí va la primera de ellas:blockchain es al intercambio de valor lo que internet ha sido al intercambio de información”. Si solo un uno por ciento de esta frase es cierto, la revolución que se nos viene encima es brutal.

La segunda: “por primera vez podemos meter código en los activos”. ¿Recuerdan? Apenas estamos en los comienzos del internet de las cosas, de la industria 3.0, y ahora nos vienen con que se trata de crear “activos de valor inteligentes”. Vamos, que no hace falta que usted persiga al billete, pues, si es su legítimo destinatario, el billete le perseguirá a usted.

Las tripas del protocolo la verdad es que se me escapan. Mi escasa capacitación tecnológica no da para mucho y, aun menos, para entender cómo funciona el blockchain. Lo que sí entiendo son sus “virtudes”: posibilita transacciones irreplicables y registra todo el tracto de las mismas en bloques que se van encadenando de modo descentralizado; el registro de ese tracto desde el momento mismo de la generación del activo resulta de imposible manipulación. Además el sistema comprueba transacciones “incompatibles” (p.e. gastarse dos veces la misma bitcoin) e impide que las mismas se registren. Realiza una suerte de liquidación automática de valor de modo que el output nunca pueda ser superior al input.

Y esto, en derecho, ¿para qué sirve? A mi juicio transforma el paradigma mismo de la abogacía de los negocios, … y me explico dando un paso muy atrás, hasta la primera clase del primer día de la carrera (que en mi caso es remontarse casi 30 años en el tiempo). ¿Recuerdan cuál es la diferencia entre la norma jurídica y la norma moral? ¿Lo que hace que el derecho sea derecho? Sí, la imposición coercitiva de su cumplimiento a manos de quien ostenta en una sociedad el monopolio de la fuerza. No hay derecho, “legalidad”, si no podemos exigir el cumplimiento de lo pactado, y para eso está la justicia, ese monopolio público de tan altísimo coste para el tráfico mercantil y, sí, porque no decirlo, en España tremendamente ineficaz y radicalmente incierto (el arbitraje es la gestión privada en régimen de concesión, pero no es que haya mejorado en demasía a su original).

¿Y si redactáramos y suscribiéramos contratos autoejecutables? ¿Y si pudiéramos evitar la intervención humana en la ejecución y cumplimiento de lo pactado? ¿Y si la justicia, y el juez, y el árbitro, resultaran redundantes para hacer cumplir la voluntad de las partes?

Es evidente que lo anterior constituye un desiderátum de muy difícil y probablemente remota realización, al menos en su extremo. Pero es cierto que hay muchos objetivos intermedios alcanzables, particularmente en lo que conocemos como contratos de tracto sucesivo (es decir, donde las recíprocas prestaciones de las partes se van dando a lo largo de la vida del contrato, y no solo en el momento de su firma).

Sería éste, por ejemplo, el caso de la verificación del cumplimiento de condiciones suspensivas objetivas a las que queda subordinado determinado pago o prestación susceptible de automatización. Así, si el comprador retiene parte del precio a pagar por un inmueble que se liberará en el momento en que quede inscrita en el registro de la propiedad la escritura de obra nueva y división horizontal, el contrato “inteligente” quedará programado de modo que cuando verifique (el propio contrato) que la inscripción ha tenido lugar, automáticamente se activará la orden de transferencia de los fondos retenidos para ese fin en favor del vendedor. Para ello, el contrato estará interconectado con el registro de la propiedad y con la entidad financiera o plataforma de pagos electrónicos (es posible que las primeras con la deriva que llevan ya hayan dejado de existir), y procesará la información ejecutando los pactos entre las partes sin intervención humana alguna.

Ello constituye todo un reto para los abogados que tendremos que cambiar de “lenguaje”, para empezar ya mismo a escribir “código”.

Y qué decir de nuestros amigos Notarios, y de la fe pública registral, y de todo el negocio, en definitiva, montado en rededor de la prevención de la tan humana, y singularmente española, capacidad de engañar, falsificar, trampear, etc.

En efecto, la cualidad del blockchain de registrar transacciones irreplicables y de imposible manipulación, alteración o falsificación, aportando "fehaciencia" a su contenido, supondría que todos los contratos en blockchain hicieran redundante la fe pública notarial. Y blockchain es en sí mismo un registro universal de transacciones, que hace imposible en su esencia la alteración o interrupción del tracto, de un modo infinitamente más eficaz que un registro de la propiedad al uso y con un alcance universal.

¿Para cuándo una cátedra blockchain? Las Facultades de derecho … siempre a la vanguardia de la innovación.

Emiliano Garayar
@EmilGarayar

01 marzo, 2016 | 15:48

La fugacidad es un sino de los tiempos. También en el mundo empresarial, y en los modelos de negocio “rupturistas”. La “competencia por disrupción” supone aceptar monopolios de mercado temporales a la espera de que una nueva innovación tecnológica les arrebate todo su poder de mercado... e, incluso, el propio mercado. Hay mucha literatura económica sobre el tema, un tanto plomiza, y el asunto poco o nada tiene que ver con este artículo.

Viene esto a cuento de un titular de periódico de hace un par de semanas donde se anunciaba una revolución del modelo de abogacía a lomos de Arriaga Asociados (creo que así se denomina), para apenas unos días más tarde proclamar el mismo diario líder en español una estocada mortal de esa firma consecuencia de una sentencia del Tribunal Supremo en la que se reconocía el derecho de los accionistas de Bankia que acudieron a la OPS a recuperar todo su dinero. Fallo al que Bankia se allanó sin demora, resignada a su fatal suerte y decidida a no engordar la bolsa con los honorarios de abogados de los reclamantes (las famosas condenas en costas).

Pero es que el modelo Arriaga, con sus luces, ni es disruptivo ni representa futuro alguno de la profesión de abogado. Es más, creo que es el pasado más vulnerable y de más inminente desaparición, pero no por el allanamiento de Bankia, sino por la propia esencia de su modelo de negocio.

Que a los medios les gusten las empresas que invierten en publicidad resulta lógico. Salvo administraciones, monopolios de hecho o de derecho, y algún que otro abogado, nadie en su sano juicio castiga a sus clientes actuales o potenciales.

Arriaga “democratiza el acceso a la justicia” en un modelo “freemium”, donde aparentemente todo es gratis, pues el resultado estaba estadísticamente cubierto (ganar la reclamación), y los costes eran de cuenta del reclamado, quien finalmente debía atender (también) los honorarios Arriaga. Propuesta de negocio “win/win”, donde todos ganan a costa del erario público, en este caso (Bankia), que paga desaguisados ajenos imputables a “gestores”, “asesores”, “auditores” y “supervisores”, en la medida de la responsabilidad aún por dilucidar ante tribunales (penales). Están en ello.

Para que el modelo pudiera funcionar era precisa una amplia base de agraviados, un agravio suficientemente lacerante presto a ser reconocido por la justicia, y (aquí está lo importante) la regla de condena en costas por referencia a los honorarios orientativos de los colegios de abogados. En este último elemento es donde se encuentra el negocio. Es evidente, pues si se tratara de reembolsar al cliente los costes efectivamente incurridos, y estos son nimios o inexistentes, Arriaga poco o nada ganaría. Como las costas se calculan por criterios que nada tienen que ver con el coste efectivo incurrido, sino con la cuantía, complejidad o dedicación supuesta a un asunto por parte del letrado, la maximización de la cuantía y la minimización de la dedicación (gracias al taylorismo de la producción en serie y cierto estajanovismo), optimizan el margen y engordan el beneficio.

El mérito de Arriaga et alii, reside, sin duda, en haber coadyuvado a que gentes que de otro modo no habrían tenido acceso a la justicia y, por lo mismo, habrían consolidado un serio quebranto en su frecuentemente limitado patrimonio, se hayan visto resarcidos de una práctica además de ilegal, profundamente inmoral y contraria a la ética, como fue el recurso masivo al ahorro popular para retrasar la quiebra de unas entidades como las cajas de ahorro víctimas de los desmanes de todo género causados por sus gestores, en una orgía de arbitrariedad, nepotismo e impunidad. Pero ahí se agota – a mi juicio – su bondad.

La realización de demandas en serie requiere de escaso talento humano, y es fácilmente optimizable por la tecnología. Todo aquello que las máquinas pueden hacer mejor y a un coste infinitamente inferior, desaparecerá del perímetro de la labor humana. El proceso solo puede agudizarse y acelerarse dados los progresos en capacidad de computación (la archiconocida ley de Moore) y los aún más relevantes avances en materia de inteligencia artificial y auto-aprendizaje por parte de las máquinas (machine learning).

De otra parte, reposando la rentabilidad en una anomalía como los honorarios profesionales orientativos, la fragilidad del modelo se agudiza aún más. Y si no, que se lo pregunten a los inversores en energías renovables.

Eso, y no el allanamiento de Bankia, se erige en el epitafio de este modelo de prestación de servicios profesionales, que es igualmente predicable en muchos otros ámbitos, como la contabilidad, la gestión tributaria, etc.

Emiliano Garayar
@EmilGarayar

12 febrero, 2016 | 10:26

Delante, detrás, a un lado… y de lado. Quién no recuerda de entre los de las generaciones nacidas en el tardo franquismo (y más allá) las lecciones vespertinas de la televisión entonces española con mayúsculas. Los más jóvenes pensarán que se trata de alguna coreografía –en plan square dancing– de esas tipo canción del verano, donde las abuelas, madres y nietas se sincronizan a la hora del baile, lo mismo en la verbena del pueblo, que en la boda del sobrino.

Viene esto a cuento de las muy diferentes abogacías de los negocios que me voy encontrando al paso, y hoy me pregunto, al hilo de un cierre reciente donde teníamos representantes de modelos dispares, si son la misma profesión.

Me parece que el normal del mercado de prestación de servicios jurídicos hoy es la “asesoría” en su versión más peyorativa. El abogado se sitúa al lado (en el costado) del cliente y le susurra al oído cual conciencia angelical dónde están los límites de la ley y los peligros a los que se enfrenta en cada uno de los recovecos de su accionar. A mayor admonición de peligro, por hipotético, condicional y especulativo que fuere, mayor valor del asesoramiento y más grande justificación de la minuta. Nada de tomar riesgo en la valoración del ídem, ni en la interpretación de la norma. Nada de coadyuvar en la toma de decisiones, no vaya a ser que te hagan partícipe de las mismas (cooperador necesario en el lenguaje represivo de haciendas y juzgados).

Siempre "de lado", a veces "al lado" y casi nunca "de su lado"

Lo siento por los clientes, hoy más necesitados de apoyo legal que nunca -como ellos mismos reconocen- pues se han quedado huérfanos de abogado, si por tal se entiende alguien que representa y promociona los intereses de su mandante (hoy travestido en Principal, por aquello de que si usas barbarismos anglófonos eres más cool). Ha muerto el abogado-sherpa, el que va por delante, el rompehielos, y ha nacido una nueva especie de señorita o señorito de compañía, escribano y mecanógrafo a partes iguales, con quien la supresión de una coma o la adición de un adverbio resultan condicionales a la convalidación de su Principal.

Ponerse de lado es muy español, pero además, en nuestro negocio, es de lo más chic y está de moda en las mejores plazas, léase Londres o Nueva York. Y ello no es del todo inocente, no, ni siquiera hijo de la molicie o la ignorancia (que también). De lado se convive mejor con la póliza de seguros. De lado no se representan intereses, se presta asesoramiento. Y ¿qué conflicto de intereses voy a padecer si no represento ninguno? De ésta caen hasta las murallas chinas (en realidad, son de papel japonés).

Pues eso, afilen el canto: corta más y, objetivamente, es más difícil que te alcancen los golpes. Y total… cobran lo mismo (o más).  ¿La culpa? De los Principals, que van repartiendo bulas de cuaresma: ya no hace falta mojarse el culo para meter el pez al morral. Apúntenlo, aspirantes a counselors, por si les cae la pregunta en el próximo examen de estado.

Emiliano Garayar
@EmilGarayar

15 octubre, 2013 | 12:32

La noticia sectorial de la semana ha sido el concurso necesario instado contra HUSA. De hecho parece que debe formularse en plural: “los concursos necesarios”. Cinco Días reflejaba que algunos proveedores del Grupo habrían convertido este mecanismo legal que privilegia créditos en una suerte de “sistema” de cobro coactivo de facturas pendientes.

Que HUSA acapare titulares no puede ocultar la situación general de un sector, el de la hotelería urbana, con un más que serio problema generalizado de viabilidad financiera y de negocio. Aquí y ahora. Sin especulaciones sobre el deterioro (adicional) de la coyuntura. 

Los intentos de saneamiento financiero de NH ya son un clásico de la prensa económica. Un folletín que ha incluido la caída del histórico consejero delegado (Burgio); baile de socios (salida masiva de Cajas); yenka del inversor chino (entraba pero no entraba, y medio entró); financiación alternativa de fondo americano (anunciada pero frustrada); desinmovilización masiva del componente inmobiliario de su balance; y anuncio de nuevas aventuras chinas, que no cuentos idem; amén de una nueva fórmula creativa de refinanciación vía bonos. Los problemas de la participada también afectan a su principal socio, Hesperia, quien tiene hasta fin de año para reestructurar una abultada deuda que su negocio no está en condiciones de sostener.

AC recurrió a una alianza internacional con MARRIOT para apuntalarse. La matriz de Rafael Hoteles rema para salir de su concurso de acreedores, depurándose de su contaminación inmobiliaria. Tampoco los demás están mucho más fuertes, sobre todo las cadenas medianas de componente esencialmente urbano (ABBA, SILKEN, etc.). De hecho, unas cuantas cadenas de ámbito regional ya doblaron la cerviz (JALE, FOXA, etc.)

Y, por lo que de la salud financiera de los agentes del sector trasciende, quien más quien menos padece un roto considerable en su balance fruto de una enfermedad muy extendida en esta pertinaz crisis: deterioro de la cuenta de explotación y sobreendeudamiento, además de compromisos financieros a largo plazo tremendamente gravosos (alquileres fijos fuera de mercado). El resultado del cóctel es de sobra conocido, incapacidad para atender el servicio de la deuda tanto coyuntural como estructuralmente. No ya el principal, que va de suyo, sino hasta los financieros. Ello, claro, dificulta enormemente sostener la ficción de mantener préstamos “normales” al corriente de pago. Y nueva reestructuración/refinanciación al canto, que en eso los Bancos están bien entrenados tras la debacle inmobiliaria. 

¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuánto?

Jugando al cambio de ciclo:

“En algún momento los precios medios tienen que tocar fondo.”

“La guerra de precios, sobre todo en Madrid, tarde o temprano tendrá que acabar.”

“La demanda interna tiene que recuperarse.”

“La vuelta al crecimiento, o al menos el abandono de la recesión, debería suponer la vuelta del viajero de negocios.”…

wishful thinking!

Esta situación me evoca imágenes cercanas a la ludopatía. La del jugador que sigue doblando su apuesta hasta que cambie la racha. Su suerte dependerá de que no se le acaben antes las fichas.

Siga a Emiliano Garayar en Twitter: @emilgarayar

04 octubre, 2013 | 12:38

Según los americanos, siempre cabe construir una clasificación que uno pueda encabezar. Cuestión de parámetros. Hoy, por gentileza de MergerMarket, vamos a comentar un ranking de abogados de los pocos que algo cuentan. Es el de operaciones corporativas (M&A) anunciadas en los tres primeros trimestres de este año 2013 en Iberia (no se ofrecen datos desagregados para España).

Mergermarket Q1 - Q3 M&A Trend Report
Para los no iniciados. La pasta del mercado legal en Europa, y particularmente, en España, está en las operaciones corporativas. Ahí se encuentran los big bucks. No es necesariamente el caso en los USA, porque allí, por razones de sobra conocidas, hay mucho dinero en litigación. Es más, en la crisis ¡los bancos habrían gastado más en abogados que en retribución a sus propios accionistas!

Este ranking de operaciones “anunciadas” (importante diferencia respecto de las “ejecutadas”) se desdobla en dos: uno que toma como criterio el importe agregado de las operaciones (precio de compra incluida deuda), que sería el más “cualitativo”; y otro más cuantitativo, que clasificaría por número absoluto de operaciones (por importe superior a 5 millones de USD).

Es obvio que la “carne” está en el “importe” y no en el número de operaciones. De hecho, ello singulariza con bastante precisión a los despachos que están en el “valor añadido” del tamaño  (blue chip, top notch, etc.) y los que están un escalón inferior (más operaciones, menos fuste). Esto, que conste, no tiene que ver con la dificultad objetiva ni con el mérito de cada transacción, sino únicamente (y no es poco) con su “rentabilidad”, pues el silogismo “a mayor importe de la transacción, mejores fees”, se cumple.

Primer hecho: entre los cinco primeros por importe agregado no hay ningún despacho tradicional español; ni luso, ni ibérico. Clasificación copada por tres despachos de la City, un americano sin oficina en España ni en Portugal, y una firma de servicios profesionales (KPMG). El primer ibérico es Uría, en sexta posición, y a más de 5.000 millones de Euros de distancia del leader. Es más, KPMG le saca casi 4.500 millones en valor agregado, y más que le dobla en importe agregado.

Por número de operaciones, sin embargo, el ranking se da la vuelta, copando cuatro despachos españoles y KPMG los cinco primeros puestos: Cuatrecasas (30), Uria (29), Garrigues (19), KPMG (15) y Gomez-Acebo (13). Ahora, que el agregado de todas esas operaciones de los cuatros despachos tradicionales españoles a duras penas supera el importe de las transacciones que KPMG atesora por si sola.

Desde luego que en este ranking la anomalía histórica está en KPMG, pues en volumen habría pasado en el interanual de la 36ª posición a la segunda, y en número de operaciones de la 9ª a la cuarta. Deloitte legal aparecería en 15ª posición en número de operaciones (6), pero con unos paupérrimos 263 millones de Euros de importe agregado. Es decir, a casi 8.000 millones de Euros de distancia de su competencia en el mundo de las firmas de servicios profesionales.

También en el ámbito comparado KPMG Iberia se erige en verso suelto. En ninguna jurisdicción europea de las escrutadas por MergerMarket aparece en los rankings por volumen o por número de operaciones. Es más, únicamente en Francia aparece PwC  legal en séptima posición por número de operaciones.

En cuanto a la comparación “con los países de nuestro entorno”, como tanto le gusta decir a nuestros pro-hombres, destacaríamos los dos extremos que ilustran Francia e Italia. En Francia los despachos americanos se han comido el mercado de operaciones corporativas de “valor añadido”, con una señalada excepción en Darrois Villey, mientras los ingleses reinan por número de transacciones asesoradas. En Italia, los transalpinos resisten a los “atilas” de la abogacía anglosajona, copando las cuatro primeras posiciones por importe agregado de transacciones, y las tres primeras por número de operaciones. Así que medalla de oro, plata y bronce para ellos.

Pero nuestros queridos amigos ingleses deben cuidar su retaguardia, pues las cifras de Reino Unido no reafirman el liderazgo continental del que tanto gustan ufanarse. Así, entre los cinco primeros por importe de operaciones, resiste únicamente Slaughter & May, la firma más británicamente británica con menor red propia allende sus fronteras (best friend  de Uria). Hay que bajar hasta el noveno y décimo puesto para encontrar a Linklaters y Freshfields, mientras que Clifford Chance no aparece entre las quince primeras. Por número de operaciones sí  les va mejor a las firmas de la City.

En fin, como cantaba Berlanga en Bienvenido Mr. Marshall: … ¡Americaanooos!

Sobre el autor

Abogado de profesión, emprendedor de vocación, economista aficionado, con el prisma de una mirada heterodoxa y el verbo mordaz como herramienta. Emiliano Garayar está especializado en la gestión de la complejidad: hoy concentrado en aportar remedios imaginativos a la sequía financiera, viene siendo un actor legal destacado en los grandes movimientos del sector energético. Es socio director en Garayar Asociados, siendo reconocida su visión innovadora de la abogacía y de la gestión de despachos.

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