La burbuja solar fotovoltaica

La subida imparable del precio del petróleo y la amenaza de cambio climático no deja dudas sobre la necesidad de optimizar los recursos energéticos renovables. A mediados de la pasada década, la Administración apostó decididamente por la energía eólica, y el resultado exitoso es evidente para cualquiera que se desplazamiento por la península. La energía solar es la siguiente frontera de las energías renovables, y, también en este caso, el impulso desde la Administración ha sido contundente. No en vano nuestra privilegiada latitud nos otorga una radiación solar muy superior a la que reciben la mayoría de nuestros socios de la Unión Europea. Sólo hay un inconveniente: Con la tecnología actual, la conversión de la energía solar en energía eléctrica es un proceso extremadamente caro en relación con otras alternativas de producción eléctrica. El Real Decreto del pasado mes de mayo asignó un precio de 41,75 céntimos de euro por kWh solar fotovoltaico, retribución que supone multiplicar por 5,7 veces el precio asignado a la energía eólica, y por 10 el precio del mercado eléctrico ordinario. Para reducir la incertidumbre del promotor fotovoltaico, el Real Decreto garantiza el precio durante 25 años mediante su actualización anual con el IPC menos 0,25 por ciento hasta 2012, y menos 0,5 por ciento a partir de entonces.

El alto nivel del precio fotovoltaico justifica la vinculación de dicha retribución por parte del Ministerio de Industria a un determinado objetivo de capacidad instalada. La intención del Gobierno es ir aumentando la potencia solar desde los 100 MW existentes a finales de 2006, hasta 1.200 MW en 2009, pero con reducciones en el precio garantizado. El atractivo de precios garantizados a largo plazo, los riesgo operativos relativamente acotados de los proyectos fotovoltaicos, y la existencia de un objetivo límite de potencia instalada, han provocado una autentica burbuja fotovoltaica que han disparado las peticiones de licencias y los precios de las placas y de los terrenos cercanos a puntos de conexión. Además, al contrario que sucede con la energía eólica --en la que el promotor debe afrontar el coste de locación del emplazamiento y de la medición, durante al menos dos años, de la intensidad del viento--, la radiación solar cae sobre todo el territorio y hay datos fiables de su intensidad.

La abundancia de solicitudes de huertas solares es el mejor indicador de la generosidad de la retribución. En consecuencia, la Administración apunta a una reducción significativa del precio de la energía fotovoltaica, cuya industria deberá realizar un esfuerzo considerable de ahorros y aumento de eficiencia para acercar el coste de producción a niveles cercanos al resto de las energías renovables. No tiene sentido pagar más de cinco veces el kWh solar frente a otras energías igualmente renovables, y durante 25 años, si no es para que la mayor demanda de placas solares abarate espectacularmente los costes de fabricación.

En todo caso se echa en falta una política decidida y valiente de ahorro energético por parte de las Administraciones Públicas, y que sea aceptada por las empresas y los ciudadanos. La timidez a la hora de gravar los vehículos más contaminantes, los precios de la electricidad ajenos a la subida de los combustibles, y, en estas fechas, el adelanto y los excesos de la iluminación navideña, no son actuaciones coherentes en una sociedad que se tiene por concienciada ante el deterioro del medio ambiente.

Arturo Rojas