La crisis 2007-2009 (como ven, me atrevo a datar su finalización) ha supuesto importantes cambios en el sistema económico y financiero mundial. Pero el proceso de transformación no ha hecho más que empezar. Acabamos de entrar en lo que podríamos denominar la Fase II de la crisis, de duración mucho más larga que la primera y en la que se agudizarán las reformas, que serán de mucho mayor calado y de un alcance global. En este contexto, la Unión Europea, y especialmente la Unión Monetaria Europea, deberán enfrentarse a situaciones en las que se pueda llegar a poner en duda, incluso, su continuidad, o al menos, con el mismo número de países que en la actualidad. Pero este sería un escenario extremo, hoy muy poco probable. En el más corto plazo se deberán tomar importantes decisiones que pondrán de manifiesto, no tanto la viabilidad del proyecto de unión, sino su capacidad para funcionar de forma coordinada, cuando los intereses (y las necesidades) podrían no ser los mismos. Justo cuando escribo estas líneas, Obama ha anunciado un impuesto que gravará a los grandes bancos que operan en EEUU. La intención no es evitar crisis futuras, sino incrementar la recaudación de un Estado que debe hacer frente al abultado nivel de deuda acumulado. Las agencias de rating comienzan a no ocultar su incomodidad, y hacen bien los gobiernos (no sólo el estadounidense) actuando con rapidez, antes de que los inversores exijan mayores niveles de rentabilidad en las emisiones de deuda pública. Es decir, en esta Fase II los Estados pretenden que los bancos les devuelvan el favor, en una exigencia que, como es obvio, tendrá muy buena acogida entre los ciudadanos. Los responsables políticos en Europa ya han anunciado que recurrirán a medidas similares. Este es, precisamente, un ámbito en el que la UE debe trabajar de forma coordinada. La implantación de medidas dispares en cuanto a diseño, cuantía y destinatario no hará más que establecer tantos mercados como legislaciones, constituyendo un retroceso en la constitución de un mercado financiero único. Aunque, en este sentido, la crisis financiera puso de manifiesto que la integración no es un hecho. En los peores momentos de tensión regresó la autarquía financiera y cada país tuvo que diseñar medidas propias para mitigar los problemas de liquidez y/o solvencia de su respectivo sistema financiero. Pero el diseño del nuevo marco regulatorio y de supervisión bancaria debe caracterizarse por la coordinación, evitando así que las decisiones estratégicas de las entidades se guíen más por motivos de regulación o supervisión que competitivos. Similar comentario se puede realizar respecto a los paraísos fiscales. La necesidad de fondos de los gobiernos antes comentada intensificará la presión sobre aquellas localizaciones que se caracterizan por su opacidad informativa o por contar con ventajes fiscales. Los casos son numerosos en la Unión Europea y su justo, necesario y recomendable cierre debería hacerse de forma coordinada, pero no sólo en el seno de la UE, sino también con los Estados no miembros (con una especial consideración a Suiza).
David Cano Martínez
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