Sobre el autor

Juan Ferrari es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, inició su carrera profesional en la Revista Mercado, tras una breve estancia en Radio Nacional de España. Ha ejercido el periodismo en el diario YA y ha colaborado con El País y El Mundo entre otros medios escritos. Igualmente ha ejercido durante siete años como jefe de prensa del Consejo Económico y Social (CES) lo que le aporta una doble visión de la informacion. Generalmente ha cubierto información de macroecomía, aunque su paso por la sección de especiales de Cinco Días y sus más de 20 años de experiencia le abre mucho el espectro informativo.

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23 febrero , 2011 | 09 : 44

Otro esperpento (NACIONAL) más

La aprobación de una enmienda, aprovechando la Ley de Economía Sostenible, regulando la relación entre los fabricantes de coches y sus concesionarios se ha convertido en un nuevo capítulo del sinsentido nacional. CIU y PP la apoyaron en el Congreso, sin meditar demasiado sus consecuencias, y ahora buscan cómo rectificar sin dar la impresión de que han cometido la cagada del siglo. Difícil lo tienen, aunque cosas peores hemos visto. Atiendan.

[Pero antes, permítanme una explicación. Este blog ha estado parado desde mediados de diciembre coincidiendo con un proceso de reestructuración del periódico. Como protesta, la redacción dejó de firmar y paralizó los post. Cerrado ese capítulo, Dimes y Diretes vuelve a la carga]

Unos antecedentes previos. Las relaciones entre concesionarios y marcas han sido tensas durante años y los primeros han deambulado largamente por los despachos pidiendo una regulación que las equilibrase. Recibieron la promesa del Ministerio de Industria de una ley de contratos de distribución, pero el tiempo ha ido pasando sin que Miguel Sebastián iniciase las consultas. Cansados de esperar, los concesionarios convencieron al PNV para que presentase una enmienda a la Ley de Economía Sostenible con el fin de añadir un reglamento a la actual ley de agentes dedicada a los vendedores de coches. Por sorpresa salió adelante con la suma de CIU y el PP infligiendo una derrota en toda la cocorota al PSOE que no supo calcular el problema que se le avecinaba.

El resultado ha sido una norma poco meditada que vuelve a descompensar las relaciones comerciales entre unos y otros, pero en esta ocasión a favor de los distribuidores en detrimento de las marcas. Y claro, el teléfono del ministro Sebastián, y el de algunos consejeros de industria de las comunidades autónomas con fábricas de automóviles, echaban humo con llamadas desde los cuarteles generales de las multinacionales. Preocupación de todos ellos que se han puesto a buscar soluciones para poder dar macha atrás a la normativa colada de rondón.

Pero hete aquí que la ley ya está en cola del BOE y en los próximos días se publicará (retraso sospechoso), y automáticamente entrará en vigor. Eso implica que los concesionarios podrán devolver en 60 días los coches que sus marcas les obligan a comprar a pesar de no haberlos pedido y el fabricante, en caso de cancelar el contrato con su distribuidor, deberá indemnizarle por las inversiones acometidas sin amortizar, el despido de los trabajadores y la pérdida de clientela.

En Faconauto, la patronal de los concesionarios, reconocen en petite comité que su propuesta era de máximos. Y aún así, ha salido completa. De hecho, durante la tramitación de la enmienda se presentó una transaccional más blanda que hubiese satisfecho sus demandas. Los socialistas, muy avispados, no cedieron y el PP se les descontroló.

Ahora populares y, sobre todo, nacionalistas catalanes buscan fórmulas para deshacer el entuerto. Artur Mas, el president de la Generalitat, recibió las quejas de Seat y Nissan, con fábricas en Cataluña, el lunes y ayer martes las del presidente de Anfac, la patronal de los fabricantes en España. Por la noche, ya decía que había que volver al punto de partida, lo que significa que su partido estaría dispuesto a votar en contra de la enmienda que ellos mismos aprobaron si no hay consenso dentro del sector. Se suma así a la petición de las comunidades del PP con fábricas que solicitarán a su propio grupo parlamentario que reconsidere su anterior voto. Todo un esperpento.

Quizá en las próximas semanas el Gobierno tenga que enmendar la plana al Parlamento enviando un Real Decreto anulando la enmienda. Pero esta vez, contaría con el apoyo de los responsables de su aprobación. Ayer plantearon esta posibilidad en una reunión que mantuvo el ministro de Industria con las comunidades autónomas con fábricas, aunque la descartaron al considerar que suponía un ataque directo al Congreso. Pero es una posibilidad que no se debe descartar, si fabricantes y concesionarios    -que se reúnen hoy con Sebastián- son incapaces de encontrar puntos de acuerdo para establcer sus relaciones que se plasmarán en una ley que el Gobierno debe aprobar en tres meses. Pedazo de culebrón.

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