Mil millones para las empresas
El presidente Zapatero pidió el sábado de autos a las grandes empresas españolas que invirtiesen. A cambio, les regaló el beneficio fiscal de amortizar la inversión en un solo año. Está por ver si las compañías utilizan esta bicoca fiscal, pero sepan que de ser así, supondrá un pastón para las arcas públicas.
Nada menos que 1.000 millones de euros, según calculan en Hacienda. En la Dirección General de Tributos confían en que las inversiones podrían alcanzar, gracias a la medida de gracia, 3.000/4.000 millones de euros en cada ejercicio fiscal. Dinero que dejaría de tributar en Sociedades. Ahora, echen la cuenta: a un tipo del 30% arroja un ahorro de un millar de millones de euros cada año. Un regalo a las empresas que, por cierto, pagarán los fumadores con la subida del tabaco. No está nada mal si se tiene en cuenta que la medida no sólo servirá para 2011, sino que se amplía a 2012 y 2013 lo que pone de manifiesto que el Gobierno considera que habrá crisis para rato. Multipliquen los 1.000 millones por tres.
Un recorte considerable al Impuesto sobre Sociedades, la figura impositiva que más fuerte ha caído y que parece tardará más en recuperarse. De 45.000 millones de antaño, apenas aporta a las arcas 15.000 millones lo que necesariamente hay que cubrir rascando en otros bolsillos.
Circula también una segunda crítica contra la medida de la libertad de amortización: sólo beneficiará a las grandes empresas. Lo que parece lógico, pues primero, son las únicas que en estos días pueden obtener financiación para poder invertir en algo. Pero además, aunque una pyme pudiese encontrar un banco que le diese un crédito, no creo que lo dedicasen a grandes compras. Más bien utilizarían ese dinero en pagar a los proveedores y en cubrir los impagos de los clientes.
Pero seamos positivos. La medida de la amortización tiene su puntito, ya que si las empresas deciden invertir aumentará la actividad y con ello el PIB. Quizá así, algunas pymes conseguirán pedidos y algunos españoles encontrarán trabajo. Siempre y cuando las inversiones se desarrollen realmente en suelo patrio.
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