Constructores preocupados

Andan preocupadas cuatro de las principales constructoras valencianas por salir en los papeles del caso Gürtel, tanto en los judiciales como en la prensa. Lubasa, Ortiz, Sedesa y FACSA no son unos nombres cualquiera en el sector del ladrillo valenciano. Grandes promotores inmobiliarios y también grandes concesionarios de obra pública. No de ahora, de hace mucho. Son empresas históricas, no unas recién llegadas al calor de la pasada burbuja.

Tal vez eso será lo que haga difícil al Grupo Socialista valenciano probar la relación causa efecto que apunta en la querella que presentó ayer contra varios altos cargos del PP y contra estas constructoras (entre otros) por delitos de malversación de fondos, cohecho, falsedad, financiación irregular, prevaricación, alteración contable y delito fiscal.

 

La querella del PSOE destaca algunas adjudicaciones que han recibido estas constructoras en los últimos años: Enrique Ortiz e hijos, 205,25 millones en tres años; FACSA, propiedad de la familia castellonense Gimeno. 13,87 millones en algo más de tres años; Sedesa, propiedad de Vicente Cotino (sobrino del vicepresidente de la Generalitat Juan Cotino), 539 millones (sin especificar el plazo); Lubasa, la empresa de Luis Batalla, 77,33 millones (tampoco se especifica el plazo). También consta en la denuncia otra empresa, el Grupo PIAF, no tan conocido, pero que supuestamente, también habría participado en la misma trama de pago de facturas, y que ha recibido contratos por 201 millones de la Generalitat (la querella tampoco especifica el plazo).

 

Pero la clave de la investigación será saber si es cierto que estas constructoras, en palabras sencillas, pagaban facturas del PP, lo que supondría una financiación, al menos, irregular. En el sumario del caso Gürtel se aportan indicios de que la trama que dirigía Francisco Correa, con Álvaro Pérez, El Bigotes, en Valencia, modificaba facturas de servicios prestados al PP (fundamentalmente actos electorales), para que, en lugar de pagar el partido, las pagasen las constructoras. Todas lo han negado, y será el juez quien estudie si admite a trámite la querella, y, de ser así, veremos qué camino sigue, teniendo en cuenta que el caso sigue en la Audiencia Nacional.

Hoy, haciendo un poco de memoria y rebuscando en mi ordenador, he encontrado unas imágenes que guardé en su día por pura curiosidad. Me llamaron la atención. Son de octubre de 2007 y corresponden al acto de proclamación de Mariano Rajoy como candidato a las elecciones generales.

  

 

Se celebró en Feria Valencia y en él participó de alguna forma Orange Market, es decir, El Bigotes, ya que el informe policial del caso recoge dos apuntes en la caja B por ese evento por un total de 110.000 euros. Días antes del mitin, el PP envió estas simulaciones de cómo iba a quedar el acto. Me suena que no era la primera vez que lo hacía o quizá lo hizo después. Lo cierto es que eran tiempos en los que Ricardo Costa, como secretario general, sacaba pecho y mostraba el escenario preparado para Rajoy y más de 10.000 militantes.

 

Dicen que El Bigotes era bueno en su trabajo. De hecho, antes de que estallara el caso Gürtel, una amiga me hizo algunos comentarios sobre él tras verlo asesorando a Juan Villalonga en su asalto al Valencia CF. Algunos laudatorios, otros premonitorios. La pregunta ahora es si esa profesionalidad, esos grandes actos a mayor gloria ya fuera de Rajoy o de Francisco Camps, en los que no se reparaba en gastos, de los que se hacían hasta simulaciones previas, se pagaban con dinero del PP o con el de los constructores, y si esa generosidad obedecía a razones no confesables.