21 septiembre, 2017 | 09:49

Una de las preocupaciones cuando tenemos un familiar con discapacidad a nuestro cargo es cómo podemos asegurar su futuro, cuando no les podamos mantener o ayudar. En 2003 se modificó la ley para mejorar la protección patrimonial de las personas con discapacidad, objetivo para el que se puede recurrir a distintas opciones, desde planes de pensiones específicos para este colectivo hasta mejoras vía herencia o donación, pasando por los seguros. Pero también podemos recurrir al patrimonio protegido, figura sobre la cual hablaremos en este post.

El patrimonio protegido es un conjunto de bienes y derechos que se constituye a favor de la persona con discapacidad con el objetivo expreso de satisfacer sus necesidades vitales. Esta figura legal, que tiene algunas ventajas fiscales, está sometida a un régimen de administración y supervisión específico regulado por ley. Así, por ejemplo, si los padres de una persona con discapacidad quieren destinar determinados bienes, como podría ser una vivienda, para que sus necesidades vitales queden cubiertas, no será necesario que realicen una donación.

¿Quiénes pueden ser beneficiarios del patrimonio protegido?

Se pueden beneficiar del patrimonio protegido las personas con un grado de minusvalía física o sensorial igual o superior al 65 por ciento y psíquica igual o superior al 33 por ciento. El grado de minusvalía se deberá acreditar mediante certificado expedido conforme a la normativa aplicable o por resolución judicial firme.

¿Quiénes pueden constituir el patrimonio protegido?

Lo puede hacer la propia persona con discapacidad –si tiene la capacidad de obrar suficiente para ello– y también sus padres, tutores o curadores –cuando no la tenga–, así como el guardador de hecho, con ciertas limitaciones.

Además, cualquier persona con interés legítimo puede solicitar la constitución de dicho patrimonio, ofreciendo al mismo tiempo una aportación de bienes y derechos para dicho fin. En caso de negativa por parte de los padres o tutores se podrá acudir al fiscal, quien instará al juez lo que proceda atendiendo al interés de la persona con discapacidad.

¿Cómo constituye el patrimonio protegido?

Se constituye mediante una escritura pública ante notario, o por resolución judicial si los padres de la persona con discapacidad se oponen a que lo haga un tercero. El documento debe contener el inventario de los bienes y derechos que constituyan inicialmente el patrimonio protegido, las reglas de administración y fiscalización de este, así como cualquier otra disposición que se considere oportuna sobre su administración y conservación.

Aportaciones al patrimonio protegido

Las aportaciones se hacen a título gratuito y están sujetas a las formalidades establecidas en la constitución del patrimonio. La persona que realiza la aportación del bien o derecho puede decidir el destino que se le dará al mismo, incluso tras la extinción del patrimonio protegido.

¿Qué bienes se pueden aportar al patrimonio protegido?

La ley es muy amplia respecto al tipo de bienes y derechos que pueden agruparse bajo la figura del patrimonio protegido. Se pueden incluir desde dinero o depósitos, seguros, rentas vitalicias u otros productos financieros, fincas urbanas o rústicas, obras de arte, joyas, etc. para adaptarlo a las necesidades particulares de la persona con discapacidad.

Administración y supervisión

Cuando el patrimonio protegido lo constituye la propia persona con discapacidad, designa a quién llevará la administración, de acuerdo con las reglas establecidas en el documento de constitución y puede cambiar al administrador cuantas veces quiera.

En el resto de casos, cuando la persona que constituye el patrimonio no es la beneficiaria, las reglas de administración deberán prever la obligatoriedad de autorización judicial, excepto cuando el beneficiario tenga plena capacidad de obrar. No pueden ser administradoras las personas o entidades que no puedan ser tutores. Y cuando no se pueda designar administrado, el juez competente proveerá lo que corresponda. La supervisión corresponde al ministerio fiscal que realizará una supervisión periódica, así como supervisiones extraordinarias cuando lo considere oportuno.

Extinción

La extinción del patrimonio protegido se produce por la muerte del beneficiario, mediante decisión judicial. En este caso, los bienes y derechos englobados en esta figura pasan a formar parte de la herencia. Si la extinción se debe a que el beneficiario ha dejado de tener la condición de persona con discapacidad, el patrimonio le seguirá perteneciendo, quedando sujetos al régimen de dicho patrimonio. Los constituyentes o aportantes del patrimonio protegido podrán establecer el destino específico para tales supuestos.

¿Cómo tributa el patrimonio protegido?

El patrimonio protegido, como hemos comentado, ofrece una serie de ventajas fiscales, tanto para la persona con discapacidad (el beneficiario), como para aquellos que hacen aportaciones al mismo. Para la persona con discapacidad, las aportaciones tributan como renta del trabajo (aunque existe cierta cantidad exenta) hasta un máximo de 10.000 euros anuales por cada aportante y el exceso tributa en el Impuesto de donaciones. Para el aportante, son deducibles fiscalmente en el IRPF, aunque existen ciertos límites.

Como siempre, el notario podrá asesorarles en la constitución del mismo.

 

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14 septiembre, 2017 | 09:32

En los últimos meses del año, como hemos comentado en otras ocasiones, los ahorradores empiezan a pensar en las aportaciones o contratación de un plan de pensiones y las entidades que los comercializan lanzan sus mejores ofertas para captar clientes. Esta costumbre se explica, fundamentalmente, por el incentivo fiscal que ahorrar a través de determinados productos de previsión social.

Dentro de unas semanas repasaremos en este blog dichas ventajas fiscales. Hoy vamos a centrarnos explicar qué productos de ahorro para la jubilación tenemos a nuestra disposición. Conocer las opciones es el primer paso para elegir el vehículo que mejor se adapte a nuestras necesidades.

-Planes de pensiones (individuales, asociados y de empleo)

Son vehículos de inversión específicamente diseñados para el objetivo de jubilación, que es una de las contingencias que permiten el rescate del dinero (también puede hacerse en caso de incapacidad, dependencia o fallecimiento, que son las otras tres contingencias, o en los tres supuestos excepcionales de liquidez, es decir, por enfermedad grave, paro de larga duración o a partir del décimo año).

Los planes de pensiones pueden ser individuales, asociados (cuando lo promueve una asociación o colegio profesional, a las que los partícipes deben pertenecer) o de empleo (los promueven las empresas para sus trabajadores).

A través de los planes de pensiones se puede invertir en cualquier tipo de activo, desde activos del mercado monetario a renta variable, pasando por renta fija. Este es un aspecto relevante a tener en cuenta cuando elegimos plan, dado que antes de hacerlo, debemos tener claro nuestro perfil y el horizonte temporal, así como los objetivos, puesto que la rentabilidad que nos proporcione el plan dependerá -en parte- de los activos en los que invierta, que determinarán también el riesgo del producto.

Como hemos comentado, del beneficio fiscal, que en los planes de pensiones es en la aportación (se deduce, en función del tipo marginal, en la declaración de la renta), hablaremos más detalladamente en otro artículo.

Por otra parte, respecto al rescate, destaca que este se puede hacer en forma de capital, en forma de renta, puede ser mixto o libre.

-Planes de previsión asegurados (PPA)

Son seguros que garantizan, además del capital invertido, una rentabilidad mínima -por ley-, gracias a técnicas actuariales. La necesidad de garantía implica que la inversión no puede asumir determinados niveles de riesgo y que, por tanto, la rentabilidad objetivo que podemos esperar será limitada. Respecto al resto de características -fiscalidad, contingencias y supuestos excepcionales de liquidez, rescate- son iguales que las de los planes de pensiones.

-Plan de ahorro a largo plazo (CIALP y SIALP)

Este tipo de productos, que se aprobó en la reforma fiscal de 2014, puede comercializarse en forma de depósito (CIALP) o de seguro (SIALP).

La aportación anual máxima es de 5.000 euros y garantizan el 85% del capital, como mínimo, por ello, se ajusta a perfiles de riesgo conservadores y es previsible que invierta en renta fija. Por este motivo no se pueden esperar rentabilidades elevadas.

-Plan individual de ahorro sistemático (PIAS)

Son seguros cuyo objetivo es acumular un capital para la jubilación y que permiten construir rentas vitalicias aseguradas a partir de dicho momento y cuya ventaja fiscal se produce en el momento de constitución de la renta.

Los PIAS pueden ser de rentabilidad mínima garantizada, en cuyo caso se adaptaría a perfiles conservadores, o de capitalización, sin rentabilidad garantizada. En este caso la rentabilidad dependería de la política de inversión.  Tiene liquidez a partir del quinto año, como los planes de ahorro 5 y en las aportaciones existe un límite anual de 8.000 euros. En total –durante toda la vida del producto- solo se pueden acumular 240.000 euros.

Una vez que el inversor comience a recibir la renta vitalicia, esta tributará en el IRPF, según unos coeficientes que se establecen en función de la edad del individuo en el momento de constitución de la renta.

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07 septiembre, 2017 | 09:42

El término Millennial hace alusión a todos los que han crecido de la mano de Internet y de las nuevas tecnologías. La generación Millennial es aquella que ha nacido entre los años 1980 y 2000, según las definiciones más amplias, y entre 1982 y 1995, para los que acotan más el rango. Esta nueva juventud 2.0 se caracteriza, entre otras cosas, por vivir a caballo entre la inmediatez, los smartphones y la tecnología. 

Crecer en un mundo hiper digitalizado tienes sus pros y sus contras. La tecnología ha hecho que cambiemos nuestro día a día. La compra se hace por internet, las películas se ven desde el ordenador y el dinero físico pronto se convertirá en un recuerdo.

Mientras la tecnología daba pasos de gigante, muchos Millennials salían al mercado laboral en plena crisis financiera. Aquí conviene recordar que España cuenta con una tasa de paro juvenil del 39,2%, la segunda más alta de la eurozona, solo superada por Grecia. A esto hay que añadirle que los que están trabajando perciben un sueldo que es un 48% inferior al salario medio de nuestro país. Así, según el Instituto Nacional de Estadística, los menores de 25 años cobran de media 11.835 brutos al año, un contexto que lleva a plantearse cómo gestiona sus finanzas la generación Millennial.

¿Pueden ahorrar los Millennials?

El 42% de los Millennials ahorra el 10% de su salario, según un estudio elaborado por Bank of America. Del informe del banco estadounidense también se desprende que hay un 45% de los jóvenes que admite que las decisiones que afectan a sus finanzas las consultan siempre, o a menudo, con sus padres.

Además, la generación Millennial ahorra con la vista puesta en el corto plazo y sin mirar hacia horizontes lejanos como la jubilación.  En concreto, el 63% de los jóvenes encuestados declaró que ahorraba para vivir a su gusto, siguiendo así la filosofía del fear of missing out, o el miedo a quedarse sin nada, tal y como explican en el mismo informe.

Parece que la planificación financiera que hacen los Millennials busca satisfacer necesidades que se producen en un breve periodo de tiempo, ya que, según el estudio de Bank of America, viajar, comer fuera e ir al gimnasio, son el destino principal de los ahorros de esta generación.

 

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Planificar el ahorro: cuanto antes, mejor

Mientras los más jóvenes centran su planificación financiera en cubrir necesidades a corto plazo, desde el Fondo Monetario Internacional consideran que precisamente la generación Millennial va a ser la primera que note el impacto del envejecimiento de la población sobre sus pensiones. Por ello, el FMI recomienda a los Millennials que comiencen a ahorrar cuanto antes y que piensen en alargar sus carreras profesionales.

En cuestiones de ahorro, el tiempo es un factor fundamental. Por ello, vamos a plantear el caso de un joven que, aunque no está pensando directamente en la jubilación, se plantea si empezar a ahorrar ahora o si esperar unos años, cuando cree que el esfuerzo será menor porque ganará más.  

Javier, con 30 años, quiere ahorrar para tener un capital a los 45 años por si quiere cambiar de profesión. Su objetivo es ahorrar 2.400 euros anuales, es decir, unos 200 euros al mes, y su perfil de inversor es moderado. Así, vamos a plantear los dos escenarios. Si ahorra durante 15 años desde los 30, y si ahorra durante una década desde los 35, esperando una rentabilidad por encima de la inflación del 1%, es decir una rentabilidad final del 3%, (sumando el 2% de inflación, objetivo del Banco Central Europeo).

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Si Javier empieza a los 30 años, dentro de 15 habrá logrado un capital final de 45.976 euros, frente a los 28.338 euros que obtendría si espera a los 35 años. Es decir, adelantar su planificación del ahorro cinco años le supone obtener 17.638 euros de más.

Además, si decide elevar un poco su nivel de riesgo y optar a una rentabilidad del 3% por encima de la inflación, es decir, una rentabilidad esperada del ahorro del 5%, Javier obtendría 54.377 euros si decide empezar a gestionar sus ahorros ahora, y 31.696 si opta por esperarse hasta los 35 años. Aquí la diferencia por esos cinco años de más de ahorro es de 22.681 euros.

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Como demuestran los gráficos, en ambos casos, adelantar la planificación del ahorro implica lograr un mayor capital en el momento deseado. Así, Javier, aunque adopte un perfil más o menos conservador, notará los beneficios de comenzar a ahorrar unos años antes.





 

 

 

 

 

 

 

 

31 agosto, 2017 | 09:49

La edad legal de jubilación se ha ido retrasando desde la reforma que entró en vigor en 2013, una de las medidas que se han tomado en los últimos años para tratar de garantizar el sistema público de pensiones. Así, cada ejercicio se incrementa en un mes, hasta que en 2027 se alcancen los 67 años de edad. 

Durante el periodo transitorio (2013-2027), habrá quien pueda jubilarse a los 65 años y cobrar la pensión completa -que depende también del número de años que se ha contribuido al Sistema de la Seguridad Social-. En concreto, en 2017 podrán hacerlo quienes tengan 36 años y 3 meses cotizados (este número de años irá aumentando paulatinamente hasta alcanzar los 38 años y seis meses en 2027).

En 2017, la edad legal de jubilación se sitúa en 65 años y cinco meses. Sin embargo, esta misma semana hemos visto publicado informaciones en varios medios que ponían de manifiesto que, en realidad, los españoles nos retiramos antes. En concreto, la edad media a la que lo hacemos, que apenas ha variado en los últimos tres años, es de 64,2 años, según los datos de la Seguridad Social. Además, la edad más frecuente es la de 65 años y hay casi un 20% de personas que dejan de trabajar a los 61.

La edad mínima para el acceso a la condición de pensionista puede rebajarse o anticiparse en algunos casos, por lo que a partir de los 60 años una persona puede optar por la jubilación anticipada si tiene la cotización de mutualista; en el caso de no tenerla, hasta 4 años antes a la edad legal si el cese es no voluntario, lo que explica que haya un grupo tan numeroso de españoles que dejen la vida activa a dicha edad. Por otra parte, se puede optar por la jubilación parcial, así como por la jubilación flexible

La edad para poder jubilarse de forma anticipada también se irá incrementando de forma paulatina hasta que sea de 63 años (la forzosa) o 65 (la voluntaria) y en 2017 es de 63 años y 5 meses si se ha cotizado un periodo mínimo de 35 años, de los cuales dos deben estar comprendidos entre los quince anteriores a la jubilación. 

El cálculo de la pensión 

Lo que conviene tener claro, además de la edad legal, es cómo afectan los años cotizados a nuestra pensión de jubilación. La cuantía de la pensión es el resultado de aplicar a la base reguladora el porcentaje que corresponda en función de los años cotizados (y, si se prolonga la vida laboral, se suma otro porcentaje). La base reguladora se calcula a partir de las bases de cotización de los últimos años trabajados (en la actualidad son los veinte años anteriores a la jubilación, aunque irán ampliándose hasta los veinticinco, también por la aplicación de la reforma). 

Así, para poder recibir el 100% de la pensión de la Seguridad Social, deberemos haber cotizado 35 años y medio en 2017. Si hemos cotizado menos, se aplicará sobre la base reguladora un porcentaje, que reduciría la cantidad que cobraríamos. El mínimo actual es de quince años de cotizaciones, que nos darían acceso al 50% de la base reguladora que nos corresponda. 

En el caso de anticipar la jubilación, como hemos visto que hacen muchos españoles, la cuantía de la pensión se reducirá: se aplican unos porcentajes por cada trimestre que adelantemos la jubilación (varían si esta es de forma voluntaria o forzada). Por ejemplo, si hemos cotizado menos de 38 años y seis meses, se rebajará la pensión un 8% por cada año que la adelantemos (un 2% trimestral, como se explica en la web de la Seguridad Social). 

Cuando planifiquemos nuestra jubilación, deberemos tener en cuenta estas consideraciones. Adelantarla nos puede limitar las opciones para mantener el nivel de vida que deseamos, pero, si es lo que tenemos en mente, con tiempo, podemos ir destinando una cantidad de ahorro adecuada e invertirla según nuestro perfil, para completar la pensión pública, por ejemplo. O, si no hemos conseguido ahorrar lo suficiente, tal vez debamos plantearnos no adelantarla o, incluso retrasarla. 

Como decimos, son muchos los factores que influyen en cómo será nuestra jubilación, de ahí la importancia de dedicar un tiempo a analizarlos todos y trazar una hoja de ruta que nos permita alcanzar nuestros objetivos en el futuro.

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24 agosto, 2017 | 09:49

Desde hace un par de meses son muchos los artículos y las noticias que vemos en los medios de comunicación sobre el impuesto de la plusvalía municipal. La sentencia del Tribunal Constitucional del pasado mes de mayo marcó un antes y un después en este tributo -que en 2015 recaudó 2.439 millones de euros- y, en consecuencia, las dudas que surgen sobre el mismo son muy numerosas.

El 11 de mayo de 2017, el Alto Tribunal extendió a todo el territorio nacional la nulidad del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, comúnmente denominado plusvalía municipal, para aquellos casos -sometidos a tributación hasta el momento- en los que se producía la inexistencia de incremento de valor de los terrenos urbanos. Es decir, el Constitucional sentenció que, si con la venta de nuestra casa perdemos dinero, quedamos exentos de pagar la plusvalía municipal.

El fallo de mayo es idéntico al que ya se emitió en febrero para los contribuyentes de Álava y Guipúzcoa, con la diferencia de que el último afecta a nivel nacional, declarando así la nulidad y la inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Para el Constitucional, el impuesto sobre las plusvalías municipales vulnera el principio constitucional de capacidad económica en la medida en que no se vincula necesariamente a la existencia de un incremento real del valor del bien, “sino a la mera titularidad del terreno durante un periodo de tiempo”, tal y como señaló el Alto Tribunal en el comunicado remitido en la fecha de la sentencia.

Así, como consecuencia de la declaración de inconstitucionalidad por parte del TC, ya no será necesario tributar por este impuesto en aquellos casos en los que el terreno se transmite a un valor igual o inferior al de adquisición. Es decir, esta sentencia no implica que se suprima el tributo, ni que no tengan que pagarlo los que sí obtienen beneficios.

Casos: ventas y herencias

Como sabemos, este impuesto grava el aumento de valor que haya experimentado el inmueble desde su adquisición hasta su transmisión. En caso de venta, es el vendedor quien se hace cargo de dicho impuesto, mientras que, si se trata de herencias o sucesiones, es el heredero o sucesor el que debe pagarlo.

Para acreditar la inexistencia de incremento de valor de los terrenos, en caso de compraventa, el vendedor deberá justificar los valores de compra y de venta del inmueble, que tienen que constar en los títulos que documenten la transmisión, o los comprobados por la Administración si estos son mayores a aquellos. En cambio, para transmisiones gratuitas -como donaciones o herencias-, será el valor real a efectos del impuesto de sucesiones y donaciones o, de nuevo, el comprobado por la Administración si este fuera mayor a aquel.

El fallo del Tribunal ha abierto la puerta a una oleada de reclamaciones. Se estima que son más de medio millón los afectados por esta sentencia, que podrán recuperar la cuantía que pagaron por abonar este gravamen cuando no obtuvieron beneficio con la transacción que efectuaron. Eso sí, el plazo para solicitar la devolución es limitado: prescribe a los cuatro años de la operación.

 

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10 agosto, 2017 | 09:21

Los seres humanos tomamos decisiones constantemente. Unas de forma consciente y otras, de forma automática. Y en este proceso, intervienen factores (sesgos) psicológicos que pueden provocar que cometamos errores. Esta es la idea fundamental sobre la que se apoyan las teorías del behavioral finance (comportamiento financiero) y que se explican en una de las fichas para inversores que publicó hace un par de semanas la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Ya hemos hablado en otras ocasiones en este blog (¿Por qué nos cuesta tanto ahorrar?, Las emociones nos juegan malas pasadas cuando invertimos) sobre el behavioral finance y sobre uno de sus referentes, el psicólogo Daniel Kahneman, Premio Nobel de Economía en 2002. Básicamente, el behavioral finance tomó forma y peso en la década de 1980, después de que en 1979 Kahneman publicara, junto con Amos Tversky su estudio sobre la toma de decisiones, aunque ya a principios del s.XX se habían publicado algunos informes sobre psicología e inversiones.

Frente a la teoría económica neoclásica que sostenía que los agentes económicos toman decisiones y actúan de forma racional, esta rama de la psicología pone en evidencia que las personas se dejan llevar por una serie de sesgos psicológicos y no siempre toman la decisión racional, sino que las emociones se imponen. En su ficha, la CNMV explica algunos de estos atajos mentales que tomamos los humanos para simplificar los complejos procesos que el cerebro lleva a cabo a diario.

El regulador destaca que “es importante que el inversor se informe y conozca los sesgos que afectan al proceso de toma de decisiones y sea consciente de que nadie está exento de ellos”.

Exceso de confianza, ilusión de control, sesgo de confirmación…

La CNMV destaca nueve sesgos en su ficha. El primero es el del exceso de confianza, que consiste en la tendencia a sobreestimar los conocimientos y juicios subjetivos y considerarlos certeros. Para superar este, recomienda que el inversor se conozca mejor a sí mismo.

En segundo lugar, comenta el sesgo de la ilusión de control, que hace referencia a la tendencia a sobreestimar que se dispone del control o de la posibilidad de influir en algo sobre lo que objetivamente no se tiene ningún control. En este sentido, la CNMV aconseja que el inversor “evite realizar un exceso de operaciones en un intento de ‘ganar al mercado’”.

También explica los sesgos de confirmación -que consiste en interpretar la información recibida o buscar informaciones nuevas de manera que confirme convicciones o ideas previas-, el de anclaje -que es la predisposición a dar más peso a la información obtenida en primer lugar que a otra nueva que la contradice- y el de autoridad -tendencia a sobreestimar las opiniones de determinadas personas por el mero hecho de ser quienes son, sin someterlas a enjuiciamiento previo-.

Finalmente, la ficha de la CNMV hablar del efecto halo -enjuiciar a una persona o institución sobre la base de una única cualidad positiva o negativa que hace sombra a todas las demás-, del sesgo de la prueba social -predisposición a imitar las acciones que realizan otras personas bajo la creencia de que se está adoptando el comportamiento correcto-, del descuento hiperbólico -tendencia a elegir recompensas más pequeñas e inmediatas frente a otras mayores y alejadas en el tiempo- y el sesgo de aversión a las pérdidas -tendencia a considerar que estas pesan más que las ganancias-.

 

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03 agosto, 2017 | 09:42

La actividad de asesoramiento financiero ha ido ganando peso en los últimos años, aunque tiene todavía por delante mucho camino por recorrer y una gran proyección. La entrada en vigor de la normativa europea MiFID II en enero de 2018 conllevará algunos cambios en este sector, al que se le va a exigir, entre otras cosas, un mayor nivel de transparencia respecto al cobro de la misma.

El primer paso necesario es comprender que el asesoramiento financiero va mucho más allá de la gestión de activos, de decidir un asset allocation o elegir un producto de inversión. En realidad, eso constituye, más bien, gestión, con el foco en el dinero. Sin embargo, el asesoramiento financiero se centra (o debe centrarse) en la persona y ayudarla a diseñar un plan que le ayude en su proyecto vital. En saber gestionar el componente emocional.

En este sentido, hace unos días uno de los gestores de Natixis estuvo en Abante para presentarlos las conclusiones de un estudio que han realizado sobre el sector del asesoramiento financiero y destacó que uno de los papeles más importantes del asesor es el de actuar como terapeuta del cliente. “Hay que ayudarle con sus objetivos”. Según sus datos, recogidos a través de encuestas a inversores, estos “buscan que el asesor les proporcione una guía”.

Según este estudio, casi el 40% de los clientes lo que quiere de su asesor es que le ayude con sus objetivos y que le proporcione consejo en los momentos de volatilidad, así como que le ayude a tomar decisiones más informadas (“un coach que les ayude a entender lo que está sucediendo”).

Cada vez más entidades, y relacionado con la entrada en vigor de MiFID II, coinciden en la idea de que hay que situar a la persona en el centro de la relación con la entidad. Debe estar, la persona, en el centro del asesoramiento financiero, que tiene que poner el foco en la gestión de las emociones. 

Tal como explica el presidente de Abante, Santiago Satrústegui, la idea fundamental en el asesoramiento financiero es abordar la relación con cada persona desde un enfoque global. Así, el asesor financiero es una figura que cobrará más relevancia de la que tiene ahora y deberá ser un profesional bien formado y suficientemente preparado para que el inversor tenga una capa de protección cuando se aproxima a los mercados.

 

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27 julio, 2017 | 09:40

Las pensiones y la jubilación son un tema cada vez más presente en los medios de comunicación y en el debate social. El Fondo Monetario Internacional lanzó un aviso a navegantes hace unos días y dijo que era necesario retrasar la edad de jubilación, entre otras cosas. Pero no es el único. En general, desde diversas fuentes y organismos se señala la necesidad de una reforma en profundidad del sistema. Y una simple búsqueda en internet nos permite hacernos una idea de la dimensión del tema.

El Foro Económico Mundial (WEF, siglas en inglés), por su parte, publicó en mayo un informe sobre el envejecimiento y la sostenibilidad de las pensiones, del que sacaba cinco conclusiones sobre la jubilación que nos espera, en general, a nivel global.

La primera es que vamos a vivir muchos más años de los que preveía el diseño de los sistemas de pensiones de los países desarrollados. En la mayoría de países, la edad legal de jubilación se sitúa en torno a los 65 años -en Japón es a los 60-. A dicha edad, la esperanza de vida en la década de 1960 oscilaba entre cinco y ocho años (dicho de otra forma, los años que se iba a cobrar una pensión).

Sin embargo, con la esperanza de vida de 2015, este periodo de rentas se ha ampliado a entre 8 y 11 años (16 en el caso de Japón) y las previsiones apuntan a que aumentará aún más. Este simple hecho añade presión al sistema, ya que con los mismos años para generar esas rentas habrá que financiar un periodo más largo.

La segunda cuestión que destaca el informe del WEF es que, actualmente, existe un déficit entre lo que se necesita para financiar la jubilación y lo que se ahorra en realidad para este objetivo (incluyendo en este cálculo tanto a los estados, como a las empresas e individuos). Y el 75% de ese déficit corresponde a las administraciones públicas, mientras que el 24% de la brecha entre ahorro y renta necesaria sería el del ahorro individual.

En tercer lugar, el documento advierte de que la situación es peor para las mujeres: a nivel global, los fondos que corresponden a las pensiones de las mujeres son entre el 30 y el 40% inferiores que los de los hombres como consecuencia de la situación de esta en el mercado laboral (salarios inferiores, menos años cotizados, etc.) y del hecho de que, de media, las mujeres viven más años, por lo tanto, necesitarán disponer de rentas durante un periodo de tiempo mayor.

Por otra parte, el déficit respecto al dinero disponible para financiar las pensiones “se está ampliando a un ritmo alarmante”, según el Foro Económico Mundial. Así, el gap global estimado en 2015 era de 70 billones de dólares y en 2050 alcanzará los 400. Y son Estados Unidos y China los dos países con mayor déficit en ambas fechas. 

Por todo ello, el Foro Económico Mundial trata de llamar la atención de gobiernos, empresas e individuos sobre la necesidad de afrontar el problema cuanto antes.

Como decimos siempre, planificar nos ayuda a eliminar incertidumbre en aquello que sí depende de nosotros. Dado que existe incertidumbre sobre qué ocurrirá con las pensiones públicas en el futuro o cómo serán esto, tenemos en nuestra mano una serie de decisiones que nos pueden ayudar a aliviar parte del problema, desde plantearnos una segunda carrera profesional o retrasar la edad de jubilación hasta establecer un plan financiero de ahorro para el objetivo de la jubilación.

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20 julio, 2017 | 09:22

El testamento, como ya explicamos en este blog hace unos meses, es un documento importante que nos ayuda a evitar futuros problemas entre familiares y seres queridos y que nos permite tomar decisiones a nosotros que, si no, serán resultas por la ley.

Partiendo de esta idea, la importancia de otorgar testamento, lo siguiente que tendremos que conocer es qué tipos existen. En el Código Civil Común, se distinguen dos clases: el común y el especial. Y cada uno de ellos, tiene a su vez variantes, algunas de las cuales, como veremos, tienen su origen y explicación en épocas de guerras y epidemias.


El testamento común es el que puede utilizar cualquier persona que tenga capacidad para testar y puede ser de tres tipos:

1-El abierto es el más común, es aquel que otorgamos ante notario, cuando le manifestamos nuestra voluntad.  

2-El cerrado es aquel que se entrega al notario cerrado y sellado. La persona que lo hace declara que en dicho documento se encuentra su voluntad testamentaria, pero no revela cuál es esta.

3-El ológrafo es el escrito de puño y letra por el testador, con la fecha y su firma, sin necesidad de que revele ni su voluntad testamentaria ni la propia existencia del mismo testamento.


Por otra parte, hay que tener en cuenta que tanto el abierto como el cerrado pueden otorgarse de forma ordinaria o extraordinaria en algunas circunstancias.  Son testamentos abiertos extraordinarios aquellos que se hacen cuando existe un peligro inminente de muerte y en caso de epidemia. Y el testamento cerrado extraordinario se realiza cuando el testador puede escribir, pero no expresarse verbalmente.


El testamento especial solo puede ser utilizado por ciertas personas en determinadas circunstancias. Son testamentos especiales:

1-El militar: es el otorgado por militares, soldados o personas asimiladas a ellos en tiempo de guerra y en campaña.

2-El marítimo: el otorgado durante un viaje marítimo por quienes vayan a bordo.

3-El hecho en país extranjero: es el que se otorga fuera del territorio nacional o en un buque extranjero. 


El militar y el marítimo admiten forma extraordinaria, pero el realizado en el extranjero no. La forma extraordinaria elimina requisitos, pero tiene un periodo de caducidad corto. Se puede otorgar en caso de peligro inminente de muerte, por razón de entrar en combate (militar) o por naufragio (marítimo). 

Por último, conviene recordar que el testamento se puede modificar tantas veces como deseemos a lo largo de nuestra vida. Eso sí, en el caso de que existan varios, solo el último tendrá validez legal (siempre que se haya otorgado conforme a lo que dicta la ley). De hecho, una de las principales obligaciones del notario, es la de asesorarnos para que el testamento se realice de forma correcta para que nuestra voluntad pueda cumplirse.

 

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14 julio, 2017 | 09:41

Como cualquier empresa, en la Seguridad Social nos encontramos con un activo (las cotizaciones que pagan los trabajadores y las empresas) y un pasivo (las prestaciones a las que tiene que hacer frente). Es decir, nuestro sistema de la Seguridad Social es un sistema de reparto, en el que las prestaciones son financiadas con las cotizaciones de los trabajadores actuales.

Seg social activo pasivo
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Tanto las empresas, como los trabajadores, tienen que pagar un porcentaje del sueldo a la Seguridad Social. En el caso de las empresas es de, aproximadamente, el 30% y en el de los trabajadores, de entorno al 5%. Existe una base de cotización máxima, que asciende a 45.014 euros. Esto quiere decir que, para sueldos superiores a dicho importe, las empresas y los trabajadores cotizarán el porcentaje correspondiente de 45.014 euros. 

Las pensiones actuales se financian con estas cotizaciones. De tal forma que, cuando estas son superiores a las prestaciones el sistema se encuentra en superávit, mientras que, si son inferiores, nos encontramos con un sistema deficitario.

En los últimos años, debido al incremento de la esperanza de vida, a la inversión de la pirámide poblacional y a la mayor tasa de desempleo, la Seguridad Social se encuentra en una situación de déficit que ha provocado que se haya tenido que hacer frente a las pagas extraordinarias con parte del fondo de reserva.

Sin embargo, en el caso de la extra de este verano, solo se ha sacado de la ‘hucha’ una parte, en concreto, 3.000 de los 9.000 millones necesarios. Los 6.000 euros restantes se han financiado con un préstamo del Estado a la Seguridad Social que fue aprobado en los Presupuestos Generales y que ha sido autorizado por el Consejo de Ministros. De hecho, el préstamo que se ha aprobado, por 10.192 millones en total, se utilizará también para cubrir la segunda extra de este año (con 3.500 millones).

Por otra parte, cabe destacar que tras la última disposición que se ha hecho del fondo de reserva, el importe que queda es de poco más de 11.600 millones, equivalentes al 1,04% del PIB, muy por debajo de los 66.815 millones que se alcanzaron en 2011.

Que se agote el fondo de reserva no significa que vayan a dejarse de pagar las pensiones. Pero es un indicador muy claro de las diferencias entre ingresos y gastos. Este desajuste del sistema nos indica las dificultades que habrá en el futuro para mantener pensiones de la misma cuantía que las actuales.

Como hemos comentado en numerosas ocasiones en este blog, mantener el nivel de vida durante nuestra jubilación va a depender, en gran parte, de lo que seamos capaces que ahorrar a lo largo de nuestra vida laboral, teniendo en cuenta las incertidumbres sobre cómo serán las pensiones en el futuro. Tener un plan, nos ayudará a cumplir con nuestros objetivos. Ocuparnos nos ayudará a no preocuparnos.

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Imagen de Paula Satrustegui

Paula Satrustegui profundizará en las novedades fiscales y relativas a la seguridad social, que afectan a la planificación de las finanzas personales de los profesionales.

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